Amplían por un año medidas cautelares contra Marta Esquivel por caso “barrenador”, confirma Ministerio Público
Audiencia para solicitud de prórroga para imputados sin inmunidad se realizará el 9 de abril
04/04/25 | 14:26pm
La Sala Tercera acogió una solicitud formulada por la Fiscalía General para ampliar hasta el 6 de abril del 2026 las medidas cautelares impuestas a la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, en virtud de su vínculo con el caso judicialmente conocido como "barrenador".
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de AmeliaRueda.com.
En el caso de los demás imputados que carecen de inmunidad, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que se fijó una audiencia de prórroga de medidas cautelares, la cual se llevará a cabo el miércoles 9 de abril en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Tras haber sido nombrada ministra de Planificación el pasado 8 de enero, Esquivel goza de inmunidad como miembro de uno de los Supremos Poderes, siendo que únicamente el fiscal General, Carlo Díaz, tiene la potestad de asumir la investigación y eventualmente presentar una acusación a la Sala Tercera en caso de encontrarse los elementos jurídicos que respalden el acto.
Posterior a ello, la Corte Plena conocería dicha presentación y solicitaría ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de Esquivel, lo cual sería decidido por las dos terceras partes del Plenario, a fin de que pudiera ejecutarse la indagatoria correspondiente y el inicio de un posible proceso judicial.
Según indicó Díaz en una reciente entrevista para AmeliaRueda.com, la investigación de la Fiscalía General se lleva en conjunto con la de la FAPTA, a fin de que no separar las causas para evitar retrasos, mismos que de momento no se han presentado.
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Sobre este caso se investigan a los exdirectivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez, así como María de los Ángeles Gutiérrez, exgerente general de la CCSS, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Lo anterior por aprobar, en su calidad de directivos de la CCSS en julio pasado la adjudicación a varias cooperativas de Salud para que administraran por 10 años un total de 138 Ebais en el Gran Área Metropolitana, con una estimación de ¢12 mil millones por concepto de sobreprecio.
El pasado 27 de marzo la Junta Directiva de la CCSS ordenó la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad absoluta sobre el proceso de licitación mayor No. 2023LY-000002-0001101142, mismo que generó la apertura de dicho caso.