No existe norma o rango constitucional que le permita a un Concejo Municipal ordenar procesos sancionatorios contra un alcalde, señala ANAI
El alcalde de San José enfrenta un proceso que impulsan los regidores por presunto incumplimiento de deberes
03/03/26 | 16:23pm
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) aseguró que no existe una norma específica o un rango constitucional que permita a los Concejos Municipales ordenar procesos administrativos sancionatorios contra un alcalde.
El pronunciamiento se da medio de una gestión sancionatoria de este tipo que enfrenta el alcalde de San José, Diego Miranda, proceso que impulsan los regidores de su cantón, quienes lo señalan por presunto incumplimiento de deberes.
Ante esto, los alcaldes e intendentes que conforman la ANAI emitieron un mensaje en conjunto, e incluso, anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad y un proyecto de ley para “dilucidar” el tema.
“La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias reitera su compromiso con el respeto al principio de legalidad, la seguridad jurídica y la correcta delimitación de competencias dentro del régimen municipal costarricense.
“Es por esta razón que sostiene el criterio jurídico de que no existe norma específica de rango constitucional ni legal que faculte expresamente a los Concejos Municipales, para instruir procedimientos administrativos sancionatorios en contra de la persona que ejerce la alcaldía o la intendencia municipal por presuntas faltas al deber de probidad”, afirma el pronunciamiento de las autoridades municipales, donde aseguraron que no existe una relación de subordinación jerárquica entre las partes mencionadas, es decir, señalaron que el Concejo no es superior a la alcaldía.
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Maikol Porras – presidente de ANAI y alcalde de Sarchí
Los alcaldes señalaron que el voto de la Sala Constitucional 005445-99 indica que tanto la alcaldía como el Concejo son “dos cabezas de un mismo cuerpo” y que entre ellos debe existir coordinación y no subordinación.
“La Asociación enfatiza que, de conocer el Concejo Municipal alguna situación sobre la vulneración al principio del deber de probidad por parte de quien ocupa la Alcaldía, su actuación debe limitarse a recopilar la información correspondiente y trasladarla a la Contraloría General de la República, órgano competente para valorar los hechos y, de ser procedente, instruir el procedimiento administrativo respectivo”, agregaron en el pronunciamiento donde también cuestionan al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que avala la posición sancionatoria del Concejo.
En el caso que involucra al alcalde josefino, los regidores lo señalan como responsable de violentar el principio de legalidad y el deber de probidad por pedir que se declarara infructuoso un proceso de licitación para la compra de vehículos eléctricos gestionada en 2024 por ¢427 millones.