Ahorrantes de Coopeservidores protestaron ante resolutor del caso reclamando por “falta de información”

Un grupo de ahorrantes de Coopeservidores R. L. exigieron a la resolución del caso proveer información financiera clave que les permita conocer el estado actual del proceso tras la venta de bienes y los ingresos obtenidos por estas operaciones, previo a iniciar el proceso concursal en esferas judiciales el próximo 21 de junio.

Así también, calificaron de inacción que se conocieran por medio de auditorías externas realizadas entre el 2021 al 2023 a la cooperativa hechos relevantes que debieron ser dados a conocer a los inversionistas y generar eventuales alertas para evitar los efectos consecuentes, dijo Antonio Barzuna, representante de los afectados, este martes en el programa Nuestra Voz.

En ese orden, el vocero indicó que con la información recabada por su movimiento planean interponer una denuncia en contra del Estado por lo que acusan una adecuada falta de supervisión de Coopeservidores.

Pese a lo anterior, Barzuna celebró el anuncio dado por la resolución del caso en torno al depósito (a más tardar el 20 de junio) de un 12,42% adicional del 50,68% inicial otorgado a los ahorrantes que poseían más de ¢6 millones en la entidad, exceptuando a los inversores de capital social.

No obstante, reconoció que en el procedimiento para una eventual recuperación del restante 36%, incluyendo el establecimiento de un fideicomiso, estarán involucrados múltiples actores y deberá pasar por una serie de trámites.

Por medio de la oficina de prensa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), se indicó a AmeliaRueda.com que la posición oficial responde al comunicado remitido el martes en torno al depósito de los recursos previamente indicados.

El 21 de junio del 2024 el Conassif declaró oficialmente inviable la continuidad de la cooperativa, por lo que recomendó su cierre, con base en la sugerencia del órgano interventor, aduciendo una solvencia comprometida por el deterioro de más del 17% de la cartera crediticia y una "deficiente" gobernanza.

Tras concluirse el proceso de intervención de Coopeservidores dada su inviabilidad, el Banco Popular adquirió el 80% del llamado "banco bueno" de esta cooperativa, haciéndose con sus activos y pasivos en una operación que superó los ¢411.000 millones.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó a este medio que la causa tramitada bajo el expediente 24-000017-0621-PE (promovido por el órgano regulador financiero), se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual.

"Actualmente, los auditores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial se encuentran analizando la información decomisada durante los allanamientos que se ejecutaron por este caso", se indicó por parte de la oficina de prensa de la Fiscalía.