Admiten amparo interpuesto por estudiantes contra el MEP por recortes a presupuesto de educación

La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo interpuesto por estudiantes de las cinco universidades públicas y miembros de grupos activistas, quienes defienden que el Gobierno invierta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el presupuesto para educación, según lo establece la Constitución Política.

La acción, presentada el pasado lunes 29 de julio, pretende que "se condene al Estado por transgredir los derechos a la educación, a la igualdad y no discriminación, al desarrollo y el principio de no retroactividad".

Según los recurrentes, en el presupuesto nacional para el 2024 se consideró solamente un 5,2% del PIB, comportamiento que ha sido la norma durante los últimos años y que continuaría siendo la tónica para el próximo año, según las intenciones de Hacienda.

En ese orden, solicitan a los magistrados constitucionalistas que se exija al Estado una "garantía presupuestaria" para el 2025 y años subsecuentes, ordenándosele a los Ministerios de Hacienda y Educación considerar el porcentaje estipulado por la Carta Magna en los presupuestos venideros.

Los ajustes presupuestarios al rubro de educación han sido motivo de críticas por varios sectores, entre ellos los diputados, quienes votaron días atrás a favor de una moción de censura contra la jerarca del MEP, Anna Katherina Müller.

La noticia surge además en el contexto de la discusión del presupuesto para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), cuya negociación, de momento, se mantiene en suspenso tras un conflicto generado este martes entre el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Rectores (Conare) por el desacuerdo en la sede de la quinta mesa de trabajo entre las partes.

Contraloría coincide 

En ese contexto, un reciente informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República (CGR) evidenció una disminución en la asignación de recursos para la educación.

Es así como se determinó que tal rubro no ha alcanzado el 8% que dicta la Constitución en el lapso comprendido entre 2017 y 2023, iniciando en 7,07% del PIB y cerrando en 5,21%.

Entre otras brechas halladas en el estudio se determinó un deterioro de cobertura y acceso por factores geográficos y otras variables, tendencia a la desmejora del desempeño, inestabilidad en la implementación de instrumentos y evaluaciones educativas y bajos niveles de transformación digital.