Hechos ocurrieron fueron denunciados públicamente en noviembre del 2022
14/05/25 | 16:10pm
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron remitir a la Asamblea Legislativa una acusación en contra del diputado Alexander Barrantes Chacón, del Partido Progreso Social Democrático.
Así lo confirmó este miércoles el Ministerio Público tras recibir la notificación del avance del proceso.
Al diputado Barrantes se le acusa penalmente por, presuntamente, haber ofrecido puestos a cambio de votos para el proyecto de los “eurobonos”. Por esta acción se le acusa del delito de cohecho impropio.
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La acusación sobre el caso se realizó por parte del fiscal general, Carlo Díaz, desde enero anterior.
Desde entonces el expediente se encontraba en análisis a la espera del avance en la solicitud del levantamiento de la inmunidad del legislador, lo cual ahora queda en manos de los diputados.
“De esta manera, de acuerdo con la legislación y el reglamento del Congreso, este deberá iniciar el trámite para discutir el levantamiento de inmunidad del legislador, por el delito de cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor”, explicó la fiscalía.
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Las acciones que ocasionaron la acusación ocurrieron el 9 de noviembre del 2022 cuando, según relata la fiscalía, el diputado “solicitó a una legisladora un espacio para conversar acerca del proyecto conocido como eurobonos.
“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”.
Los hechos hacen referencia a una conversación que sostuvo Barrantes con la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio y que la legisladora denunció públicamente ese mismo día (9 de noviembre del 2022).
En la acusación contra el diputado de Gobierno se menciona que “la ventaja indebida fue ofrecida para uso de la propia funcionaria o de personas cercanas a la fracción que representa.
Los miembros de los Supremos Poderes están protegidos con la inmunidad, lo cual les impide enfrentar un proceso judicial sin antes cumplirse el trámite de levantamiento del fuero.
De acuerdo con el procedimiento, una vez recibida la denuncia, la fiscalía general realiza la investigación y una vez que realiza la acusación (en los casos que amerita) debe enviar el expediente judicial a la Corte Suprema de Justicia, para su debido análisis.
En caso de determinarse que la acusación debe avanzar, la Corte envía a la Asamblea Legislativa la solicitud del levantamiento de la inmunidad para el funcionario que corresponde, lo cual ya ocurrió con el expediente del diputado oficialista.
“Luego del análisis respectivo, las magistradas y magistrados notificaron hoy a la fiscalía general su resolución.
“En este caso, la Procuraduría General de la República se constituyó como querellante y actor civil”, agregaron en la Fiscalía.
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