Acuerdo político plantea agenda común entre los 26 diputados opositores “con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias”
Los congresistas plantean su ruta a partir de ejes como democracia, seguridad, desarrollo social y económico, transparencia y anticorrupción, entre otros
01/05/26 | 15:32pm
Los 26 congresistas de los cuatro partidos de oposición dieron a conocer este viernes un acuerdo político que guiará a través de ejes temáticos su hoja de ruta como bloque.
Así lo anunciaron en conferencia de prensa las diputaciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), como respuesta a la mayoría simple que tiene el oficialismo con los 31 legisladores de Pueblo Soberano (PPSO).
Los ejes temáticos son democracia; seguridad y justicia; desarrollo social; desarrollo económico y competitividad; transparencia, probidad y anticorrupción; y funcionamiento de la Asamblea.
Según el documento que hizo circular la oposición, el acuerdo surge tras el resultado electoral que, a su criterio, dejó clara la voluntad popular pero de manera dividida, ya que un sector de la población eligió propuestas políticas alternativas distribuidas en estos partidos.
"Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda", señala el acuerdo.
El jefe de fracción del Partido Frente Amplio, José María Villalta, reconoció que cada bancada tiene sus principios e ideología y habrá temas en los que no estén de acuerdo, por lo que buscarán avanzar en las propuestas donde haya consenso.
"En la pasada elección hubo un mandato claro para los partidos que no llegamos al gobierno, que tenemos representación esta Asamblea, y es un mandato de buscar acuerdos para defender a Costa Rica, para defender los derechos de este pueblo, para defender la educación, la salud, el ambiente, para defender la democracia", declaró el frenteamplista.
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Villalta añadió que solo les "faltan tres" votos del PPSO para poder aprobar sus proyectos, en alusión a las declaraciones dadas meses atrás por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el que instó a buscar entre las filas del Partido Liberación Nacional (PLN) a diputados para que se sumen al oficialismo y poder alcanzar los 38 votos para mayoría calificada (necesarios para reformas constitucionales, entre otros).
Por su parte, el jefe de la fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, manifestó que aspiran a que este Congreso se caracterice por los resultados y no una "de gritos".
"Lo que hemos hecho es aportar en ese proceso a través del diálogo identificando qué es lo que puede ayudarnos a darle dirección a este Congreso y a partir de eso identificar posrteriormente proyectos que podamos hacer realidad de manera colectiva", aseguró el legislador.
Propuestas
En el documento de 10 páginas, más que una serie de proyectos de ley, se plantean una serie de temas, así principios en los que hay acuerdo común entre los cuatro partidos de oposición. Por ejemplo: "Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales".
En materia de democracia, se comprometen a la alternancia en el poder, aprobación urgente de los nombramientos pendientes en la Corte Suprema, en especial de la Sala Constitucional. También se da respaldo a la libertad de prensa y a la manifestación pacífica, así como el apoyo a proyectos en materia de derechos humanos.
Otra preocupación es la inseguridad, para la cual se plantea el combate contra el crimen organizado, impulsar la extinción de dominio, establecer mecanismos para sancionar a organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario en estos casos. También se respalda dar mayor presupuesto a instituciones a cargo de la seguridad como el OIJ, Seguridad y Ministerio Público.
Con respecto a la educación, se propone un plan de inversión gradual para avanazar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, volver a la negociación quinquenal del FEES, crear un sistema independiente de evaluación de calidad, mantenimiento de infraestructura, entre otros.
Hay compromisos de fortalecimiento de la CCSS y la sostenibilidad de sus sistemas de sañud y de pensiones.
El acuerdo también establece que en materia ambiental se dé un fortalecimiento del Sinac, revisar proyectos alternativos para solucionar la situación en Crucitas que no implique la minería a cielo abierto, legislar para la protección de activistas y defensores de derechos humanos, así como actualizar las leyes sobre el recurso hídrico.
El bloque opositor también se compromete a combatir la violencia contra las mujeres y niñas, resguardar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, población adulta mayor, migrantes, pueblos originarios y afrocostarricenses.
En cuanto al desarrollo económico y competitividad, la oposición asegura que se apoyará al sector productivo y agro, se impulsarán las alianzas público-privadas y una reforma a la ley de expropiaciones; mayor infraestructura como Ciudad Gobierno, tren de carga, terminal de cruceros, carretera a San Carlos, ruta 32, entre otros. También se apoyarán iniciativas hacia un sistema de movilidad multimodal.
El acuerdo político incluye compromisos para aprobar la ley para sancionar a diputaciones que violenten el deber de probidad, regular el lobby, combate a la elusión y evasión fiscal, entre otros.
Finalmente, el bloque deja claro que "no se respaldarán reformas constitucionales que debiliten derechos fundamentales, reduzcan garantías sociales o alteren el equilibro o la independencia entre Poderes. Se rechazarán iniciativas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones. Se reconoce que deben de realizarse reformas para mejorar sus actuaciones, no obstante, esas reformas deben ser técnicas".
Como una primera demostración de este acuerdo, la oposición presentó una papeleta para el Directorio Legislativo que votaron en bloque; sin embargo, sus 26 votos fueron insuficientes frente a los 31 del PPSO.