Acoso predatorio: el delito que Costa Rica incorporó al Código Penal en 2024 y que ahora investiga la Fiscalía contra diputado oficialista
Fernando Obaldía fue denunciado por una asesora de su despacho
08/09/26 | 11:59am
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Fernando Obaldía es investigado por la fiscalía general por el presunto acoso predatorio, un delito que en Costa Rica se incorporó al Código Penal hace poco más de dos años.
Fue en junio del 2025 cuando el Congreso incluyó esta figura en la legislación nacional, la cual establece castigos para las personas que acosen de manera reiterada e insistente a otros, de tal manera que les impiden desarrollar de manera regular sus actividades.
En el caso de Obaldía, la denuncia fue presentada por una de sus asesoras de despachos, quien tras los hechos fue reubicada, según dio a conocer el medio digital CrHoy.
De acuerdo con los señalamientos, el diputado de la bancada de Gobierno realizó comentarios de índole sexual a la funcionaria, además pidió grabaciones de las cámaras de la Asamblea Legislativa para ver sus recorridos y también estableció reglas de trabajo indebidas como la asistencia obligatoria a giras.
Ahora el legislador del oficialismo es investigado por los hechos denunciados.
“La Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia en contra de un diputado de apellido Obaldía, por el aparente delito de acoso predatorio, en perjuicio de una persona mayor de edad.
“Al caso se le designó el número de expediente 26-000088-0033-PE”, informó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.
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El caso se investiga en la Fiscalía General por tratarse de la denuncia contra un miembro de los Supremos Poderes, es decir, un funcionario con inmunidad.
Por su parte, el legislador manifestó que por tratarse de un tema judicializado no se referirá el caso.
Acoso predatorio
El acoso predatorio se describe en el artículo 193 bis del Código Penal.
El abogado penalista y exjuez, Ewald Acuña, explicó que se trata de una conducta de “acoso permanente, insistente que hostiga a la persona víctima y afecta su intimidad, su integridad, su vida privada”.
El delito, por el que ahora se investiga a Obaldía, establece diversas sanciones.
“El legislador costarricense estableció que tiene una pena de tres a 18 meses de prisión o de 100 a 200 días multa. Lo que se protege es la integridad, el derecho a la intimidad de la persona víctima frente a las conductas de persecución por parte del sujeto activo de la persona a la que se le atribuye la comisión de este delito”, manifestó Acuña.
En la investigación en desarrollo se toman en cuenta los hechos narrados por la presunta víctima en cuanto a acciones de hostigamiento o acoso, así como la insistencia de la conducta y la afectación que esto provoca en sus actividades cotidianas.
“Este delito es de acción pública perseguible a instancia privada”, señaló el Ministerio Público al explicar que se tienen conductas específicas de una persona que pueden ser tomadas en cuenta como acoso predatorio, entre ellas:
- Vigile, merodeé, persiga o procure la cercanía física con la persona.
- Establezca o intente establecer el contacto con la víctima, por medio físico, cibernético o a través de terceras personas.
- Interfiera, intercepte o controle un dispositivo o datos personales de la persona.
El delito también establece circunstancias agravantes como que la víctima sea menor de edad, medie el engaño o la violencia, cuando la conducta sea cometida por dos o más personas, cuando la persona autora se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña, cuando la persona autora haya cometido el hecho en razón de la participación, el cargo o la actividad política de la víctima, entre otros.
“Absoluta seriedad”
Tras darse a conocer los detalles de la denuncia contra el diputado de la bancada de gobierno, la fracción emitió un comunicado de prensa para referirse a los señalamientos en contra del legislador.
“Como fracción, tomamos con absoluta seriedad cualquier denuncia que se presente. No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas.
“Existen procedimientos establecidos que deben respetarse, así como el derecho de todas las partes al debido proceso. Esto no significa indiferencia ni falta de firmeza, sino actuar con responsabilidad y sobre hechos debidamente comprobados”, manifestaron.
El comunicado agregó que por respeto al debido proceso, a la confidencialidad de la investigación y a las personas involucradas, no se referirán a los señalamientos al tratarse de un caso en curso.
