Más de ¢30 mil millones ha perdido el ICE en negocio de telecomunicaciones en los últimos cinco años, revela auditora institucional ante diputados

Unos ¢30.169 millones ha dejado de percibir el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el negocio de telecomunicaciones durante el último quinquenio, situación que continuaría agravándose por los retrasos en la implementación de la tecnología 5G por parte del operador estatal.

Así lo indicó la auditora interna del ICE, Sofía Machuca, quien compareció este miércoles ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, añadiendo que el costo por la no integración de 5G a su oferta ascendería a los $289 millones por incapacidad de retención de usuarios, entre otras variables.

De hecho, apoyada en datos provistos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el ICE ha presentado en los últimos seis años una tendencia a la baja en cuanto a presencia de mercado, pasando de 43% en 2019 a 34% en 2023.

Asimismo, aportó que la cobertura en 4G del ICE ha enfrentado un decrecimiento respecto de los demás competidores, siendo que cuenta con un 68% frente a 84% de Liberty y 90% de Claro, respectivamente.

Por otra parte, la funcionaria confirmó que la nueva gerencia de Telecomunicaciones solicitó dos prórrogas a la Auditoría Interna del ICE para valorar algunos escenarios de implementación de 5G, entre ellos una red virtual que se perfila como la más fuerte.

Según dijo, la administración del ICE "no puede quedarse de brazos cruzados", siendo que se deben buscar "medidas alternativas" ante la parálisis que enfrenta la institución para el despliegue de dicha red móvil, producto de una serie de acciones judiciales que mantienen frenado su proceso licitatorio.

Defensa de la autonomía

Al referirse al reglamento de ciberseguridad para redes de quinta generación y superiores emitida por el Gobierno, Machuca fue crítica al señalar que la administración del ICE pudo haber apelado a su autonomía institucional en previsión de los probables efectos de este decreto a la sostenibilidad de la institución.

En ese sentido, dijo la auditora, el hecho de que el ICE se haya decidido por licitar la implementación de su red 5G bajo el concepto stand-alone (desde cero, sin apoyarse sobre la base de los equipos para 4G) significaría una inversión de no menos de $200 millones, mientras que bajo la modalidad contraria (non-stand-alone), la erogación sería de un 10% de este monto.

En ese orden, la jerarca añadió que el ICE no fue consultado por el ente rector sobre la elaboración de dicho decreto, misma postura que han mantenido no solo los demás operadores, sino también algunas cámaras empresariales afines al sector telecomunicaciones.

Machuca señaló que aunque desde el Ejecutivo se defiende que el decreto da un periodo de cinco años a partir de su entrada en vigor para que las telcos migren de la modalidad non-stand-alone a stand-alone, ello significaría una inevitable transferencia de costos al usuario final, lo que podría generar más afectaciones a las finanzas de la institución.

Finalmente, sobre la denuncia interpuesta en su contra y otros funcionarios y exfuncionarios del ICE pesa en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Machuca indicó que "le tomó por sorpresa, pero tenemos evidencia de nuestro trabajo; tenemos la cabeza en la guillotina", confiando en que los hechos se aclararán en el proceso penal.