13.400 personas reciben protección ante amenazas de muerte en Costa Rica; programa alerta de afectación por recorte presupuestario para 2027
Tendrán que cerrar oficinas de atención ubicadas en Corredores, San Carlos y Liberia
08/09/26 | 16:27pm
Un total de 13.406 personas reciben protección en Costa Rica ante amenazas de muerte o de agresión, cifra que viene en aumento en medio de un momento de incertidumbre presupuestaria.
Así lo expuso ante la Corte Plena el fiscal coordinador de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Roger Mata, al advertir de la afectación directa que sufrirá el programa por el recorte y bloqueo presupuestario previsto para el 2027.
El funcionario lamentó que ante la imposibilidad de utilizar los recursos inicialmente asignados (norma 9) y la orden de congelar plazas vacantes (norma 10) se impactará de manera directa el servicio que se brinda, al tener que reducir el personal e incluso cerrar oficinas de atención.
Mata dijo que la propuesta del Ministerio de Hacienda genera una coadministración de los recursos.
“El Programa de Atención y Protección a la Víctima del delito en los últimos años tiene una media de 13.406 personas en el programa de protección. Esto no es de extrañar en una sociedad polarizada, esto no es de extrañar en una sociedad donde la criminalidad organizada se ha logrado apoderar de espacios importantes en las comunidades. Aquí les estoy hablando de personas que tienen algún tipo de riesgo para su vida o su integridad, alguien las quiere matar, alguien las quiere agredir.
“Y tenemos por otro lado a 9.454 personas en la otra parte del programa que es la atención, gente que como consecuencia del delito requiere contención psicológica, canalización de recursos o apoyo en asesoría legal, esos son los servicios que brinda la Oficina de Atención a la Víctima”, explicó el fiscal a cargo.
Impacto presupuestario
De acuerdo con los datos, la oficina tiene una planilla de 362 funcionarios encargados de atender a las más de 22 mil personas que son parte de los programas.
Anuncio
Esta cifra (362) se divide en 176 empleados públicos con labores propias de la oficina de atención y protección a la víctima y 186 que son agentes de protección que trabajan en roles de 24 horas.
Con el impacto presupuestario previsto para el 2027, se está recortando el 31,7% del presupuesto de la oficina y se congelan 115 plazas, en caso de materializarse la norma 10, lo que disminuirá de manera importante la capacidad para proteger a las personas que son víctimas de delitos en el país.
Así lo describe el fiscal a cargo, al explicar en qué consisten las medidas de protección y apoyo a los ciudadanos y cómo se verá afectado el servicio el próximo año.
La partida de alimentos y bebidas es una de las que tendrá afectación en 2027, lo que representa reducir los recursos de atención a las familias.
“Se utiliza para atender grupos familiares, mamá, papá, niños, generalmente de escuela, a quienes les compramos la leche fórmula, los pañales, el diario, para que la gente pueda cocinar y sobrevivir porque tuvimos que reubicarlos de algún lugar. La gente deja abandonada la escuela, el trabajo y en muchos casos abandonados hasta sus utensilios porque tenemos que sacarlos de forma inmediata y a nosotros nos corresponde como oficina cubrir esas necesidades”, señaló el fiscal a cargo.
Otra de las partidas con afectación es la de textiles y vestuario que corresponde a presupuesto que se utiliza para la compra de colchonetas, almohadas, sábanas y otros implementos de necesidad para estas mismas personas en protección, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia doméstica que deben ubicarse en otros sitios.
La partida llamada “gastos confidenciales” es otra de las que tendrá reducciones en su disponibilidad presupuestaria.
En este caso, el fiscal a cargo reconoce que puede sonar llamativo el nombre que tiene, pero que en realidad consiste en dinero que se tiene asignado para el alquiler de espacios donde deben resguardarse personas o familias en protección.
El funcionario dijo que los procesos de contratación de este tipo de servicios no se pueden realizar por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para evitar exponer a las personas que son parte de los programas de protección.
“Esta partida se utiliza, justamente por la naturaleza y solo la utilizamos en casos de alto riesgo, donde evidentemente si eso se hiciera público todo el mundo va a saber qué hoteles utilizamos, qué casas alquilamos, entonces se utilizan gastos confidenciales”, explicó.
Cierre de oficinas
El fiscal a cargo de la oficina aseguró que ante el panorama de incertidumbre que se vive por las normas presupuestarias establecidas para el Poder Judicial, ya se hizo el análisis de los diferentes escenarios que tendrían en caso de que el recorte y bloqueo de recursos se concrete.
Además de reducir la calidad del servicio y la atención, será inevitable el cierre de oficinas.
De acuerdo con la previsión inicial, en enero tendrán que cerrar las oficinas de atención a la víctima ubicadas en Corredores, San Carlos y Liberia, esto porque la partida de alquileres tendrá un recorte de ¢124 millones que representa el 34% de dicho rubro.
También se tiene la preocupación por el retorno del personal que está en teletrabajo ante la falta de sistemas para mantener dicha modalidad, lo que provocará una saturación en la capacidad de los edificios.
El funcionario concluyó que el impacto presupuestario afectará de manera directa e importante el funcionamiento de la oficina de atención a víctimas, la cual pese a ser una de las más pequeñas del Poder Judicial, representa un alto valor social por el tipo de población que se atiende.
“Esto va a implicar una afectación terrible para esas personas y, honestamente se los digo, el tiempo de respuesta conforme se cierran oficinas va a ser mayor, y de por medio está la vida y la integridad de personas habitan en este país y que el Estado ya les falló una vez porque no les garantizó sus derechos, y pareciera que lo se quiere es que les falle una segunda vez”, dijo el fiscal a cargo.