Vuelve pulso entre Fiscalía y Arias para determinar si va a juicio por caso Crucitas
El expresidente no se presentó al inicio de la audiencia preliminar
16/09/19 | 09:24am
Por segunda ocasión, la Fiscalía General de la República y el expresidente Óscar Arias Sánchez vuelven a tener un pulso para determinar si va a juicio por el caso de Crucitas.
Este lunes inició la audiencia preliminar en los Tribunales de Goicoechea, en San José, luego de que el Tribunal de Apelación aceptó, en mayo pasado, la impugnación de la Fiscalía al determinar que se cometió un “grosero error” por parte de una jueza al dictar el sobreseimiento a favor de Arias, quien es acusado de dos delitos de prevaricato.
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A Arias se le acusa de firmar un decreto en 2008 donde declaró el proyecto minero Crucitas era “de interés público y conveniencia nacional”.
El 21 de febrero anterior, el Juzgado Penal de Hacienda consideró que investigación penal contra el expresidente estaba prescrita. Sin embargo, el Tribunal de Apelación después respaldó el reclamo del Ministerio Público.
"Venimos tranquilos, confiados, sabiendo que don Óscar no cometió ningún delito, los hechos están sobradamente prescritos", comentó el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, antes de ingresar a la sala.
"Insistiremos en que no hay delito alguno, que el Ministerio Público presentó una teoría de la conspiración como una hipótesis acusatoria", añadió el jurista.
Mientras tanto, los fiscales José Pablo Miranda y Luis Diego Hernández afirmaron en que la Fiscalía insistiría en que no existe ninguna prescripción del caso.
Esta audiencia, la cual es privada, solo recibirá los argumentos a favor y en contra de la apertura de juicio contra Arias.
La causa, conocida mediáticamente como Crucitas, se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014, resolución fundamentada en la falta de elementos probatorios. Sin embargo, tras un nuevo análisis jurídico por la Fiscalía General, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación.
Por esa razón, el 8 de noviembre del 2017, la fiscala general lo citó para tomarle la declaración. Al salir de la Fiscalía, el exmandatario dijo hay mucho desconocimiento sobre el tema de firmar decretos. "Yo firmé 2.800 decretos. Son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo a ver lo que dicen los decretos. Uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos confían en departamentos legales, en la asesoría jurídica y tiene que ser así a base de confianza".
Firma cuestionada
El decreto firmado por el gobierno permitía la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.
Ecologistas apelaron la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, el 24 de noviembre del 2010, anuló el contrato entre el país e Industrias Infinito. La sentencia fue ratificada en el 2011 por la Sala I, anulando el decreto de Arias y obligando a la transnacional a indemnizar al país por los perjuicios causados en el ambiente.
El prevaricato, estipulado en el artículo 350 del Código Penal, es un delito que ocurre cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley. Esta falta es sancionada con penas de entre los dos y seis años de prisión.