Voto de la Sala IV de hace 23 años impide que CFIA investigue y sancione a funcionarios públicos

Un voto de la Sala Constitucional del año 1998 impide que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) investigue y sancione a sus profesionales inscritos que trabajen en la función pública.

Esto provoca que en el caso Cochinilla, dicho colegio no pueda abrir expedientes de investigación en contra de los funcionarios públicos involucrados, quienes, según el expediente judicial, habrían recibido todo tipo de dádivas para favorecer a ciertas empresas constructoras.

El director del CFIA, Olman Vargas, y el expresidente de la entidad, Luis Fernando Andrés, comparecieron este jueves ante la comisión legislativa que investiga los supuestos actos de corrupción en la contratación de obras públicas y explicaron a los diputados que están atados de manos para aplicar sus códigos de ética y técnicos a los profesionales que se encuentran en la función pública.

"En este momento, a raíz de un recurso, la Sala determinó que el colegio no podía sancionar a los profesionales del colegio que estaban en la función pública porque la obligación era, primero, que la institución a la que pertenecían, haga la investigación.

"El colegio perdió la potestad de sancionar a los miembros del colegio en la función pública,nosotros trabajamos, específicamente, sobre los profesionales y las empresas que hacen un ejercicio liberal", dijo Vargas.

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Debido a este fallo de hace 23 años, es que el CFIA no puede actuar en los diversos casos de corrupción que se han revelado con trabajadores del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En el caso Cochinilla, el colegio sí abrió una investigación, en la cual sólo se incluye y se valora el actuar de las empresas involucradas y los profesionales que trabajan en ellas.

Este expediente disciplinario se abrió desde el pasado 2 de julio, para avanzar se analizan informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y determinar las posibles faltas éticas cometidas por las empresas y agremiados (privados) involucrados.

El director del CFIA asegura que ellos quisieran poder investigar a los funcionarios del Conavi - MOPT pero que no pueden hacerlo por el fallo mencionado donde se indica que:

"... de forma que no puede, válidamente, un tercero fuera de la jerarquía administrativa venir a sancionar disciplinariamente a un funcionario público por la forma en la que ha ejercido su competencia".

Antes de este falló el colegio sí aplicaba procesos disciplinarios y sanciones a los funcionarios públicos pero desde hace 23 años dejó de hacerlo.

"Nosotros como colegio quisiéramos poder tener la posibilidad de evaluar igual que lo hacemos con los ingenieros y arquitectos en el ejercicio liberal de la profesión, quisiéramos poder evaluar en la función pública, nosotros nunca hemos dicho aquí que estamos de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional, al contrario, para nosotros fue una derrota desde el punto de vista legal", manifestó Vargas.

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Para los legisladores este impedimento del CFIA de investigar a sus agremiados que están en la función pública crea inmunidad, impunidad y una especie de fuero indebida, ya que es necesario aplicar en los profesionales, sin importar donde trabajen, el código de ética que viene a castigar los casos de corrupción y permite, además, inhabilitarlos en el ejercicio de la profesión.

Las autoridades del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos reconocen la debilidad del sistema y aseguran que si es necesario, pueden "sentarse" a analizar con los legisladores la manera en la que se pueda revertir este fallo y permitir al CFIA evaluar el actuar técnico y éticos de todos los profesionales, incluidos, los que trabajen en el sector públicos.

De acuerdo con la normativa establecida, luego de las investigaciones que se realizan en el colegio, es posible aplicar diversas sanciones, siendo la más grave, la inhabilitación de la empresa o trabajador por un plazo máximo de dos años.

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Sin regulación

Otros de los vacíos que se tienen a nivel nacional, evidenciado tras revelarse el caso Cochinilla, es que no existe ninguna regulación sobre los movimientos de personal que se dan entre el sector público y las empresas privadas de construcción.

El director del CFIA dijo estaban muy preocupados por los casos de corrupción pero en ese aspecto, no existe ninguna normativa que genere una prohibición o proceso de "enfriamiento" entre un trabajo y el otro.

"Es una idea interesante y se puede valorar la situación y generar restricciones, pero hoy no la hay", dijo Vargas.

El ingeniero manifestó que es urgente que en el Conavi digitalicen todos los procesos y mejoren la redacción de carteles, ya que estos dos aspectos son los que podría estar generando situaciones indebidas.

A los representantes del CFIA se les consultó si apoyan establecer que los informes del Lanamme sean vinculantes, e indicaron que se debe buscar un equilibro para que dichos documentos técnicos no sean ignorados, pero no apoyan que sean vinculantes.

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