Violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato: los presuntos delitos del caso UPAD

La Fiscalía General de la República investiga a ocho personas —incluido el presidente de la República, Carlos Alvarado— por el manejo de información relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Aparte del presidente Alvarado, se investiga al ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el viceministro de Planificación, Daniel Soto; a los tres asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al asesor legal Luis Salazar y a otro funcionario de apellidos Salas Hernández.

La Fiscalía realizó estas indicaciones como parte del comunicado de prensa en el que informó sobre la realización de 10 allanamientos relacionados con esta causa (expediente 20-005433-0042-PE). Dichas gestiones se activaron en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas que no se detallaron.

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Según detalló la Fiscalía, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

"Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto".

"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó el Ministerio Público, a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año); el segundo se reprime con penas de entre tres meses y dos años, y el tercero con castigos de entre dos y seis años.

La investigación judicial busca determinar si, efectivamente, el equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y luego se derogó, cinco días después, ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funciona desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.

Múltiples investigaciones

El caso de la UPAD ya cuenta con distintas investigaciones, aparte de las pesquisas que tramita la Fiscalía General de la República.

Entre los entes que han abierto procesos están la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa, donde los diputados decidieron abrir una comisión investigadora sobre el tema para sentar responsabilidades políticas y dar recomendaciones sobre el tema.

El Congreso pedirá cuentas del ministro Morales Mora en audiencia, el próximo lunes, y tiene pactado votar dos posibles mociones de censura, el martes 3 de marzo, contra él y el viceministro Soto.

Además de darle acceso a "datos confidenciales", el decreto que pretendía instaurar formalmente a la UPAD contenía otras indicaciones, como permitir que la entidad se financiara con recursos de organismos privados.

El texto contaba con las firmas del presidente Alvarado, del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y del viceministro de Planificación, Daniel Soto. Sin embargo, todos aceptaron que existieron errores en la redacción del texto.

Según dijo el ministro Morales Mora, al menos él nunca dimensionó los problemas con la redacción de la norma, hecho que —según dijo—luego derivó en "malas interpretaciones".