Venta del BCR no es "viable en los términos planteados" por el Gobierno, asegura Contralora

Debido al hallazgo de una serie de "vacíos e inconsistencias" en el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Rodrigo Chaves para privatizar el Banco de Costa Rica (BCR), la iniciativa no es "viable en los términos planteados" hasta el momento, a criterio de la contralora Marta Acosta.

La máxima responsable de la Contraloría General de la República asistió este miércoles a una audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para brindar el criterio del órgano respecto del expediente 23.311 que ese foro discute tras haberlo convocado el Ejecutivo.

Tras señalar omisiones que a su juicio tiene el proyecto de ley, Acosta concluyó su presentación señalando que decisiones de una "trascendencia" tal como la venta de un banco estatal "deben responder a una visión o marco integral del diseño institucional y el manejo de la deuda pública".

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La iniciativa no contempla soluciones al "impacto en el diseño institucional del Estado" que supone la operación prevista, toda vez que además de transformar y disolver un ente autónomo se asignan funciones a otras entidades y se modifican los ingresos de ciertas instituciones, explicó.

Por ejemplo, el texto presentado por el Gobierno no establece qué sucederá con las cargas parafiscales que actualmente reciben instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) o la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) por parte de la entidad bancaria.

A su vez, el proyecto de ley prevé que el Consejo de Gobierno se convierta en el accionista de la sociedad anónima a la que se trasladarán los activos del BCR para su eventual venta a una empresa privada, sin que exista claridad sobre si el Ejecutivo es "competente" para funciones de esa naturaleza, dijo.

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Además de tener posibles "roces de inconstitucionalidad" que la Sala IV debería determinar, la iniciativa por sí sola no tendría un impacto suficiente para resolver el problema "profundo y estructural" de la elevada deuda pública, estimó Acosta, reprochando falta de información en ese sentido.

Tampoco se sigue el manual de buenas costumbres de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la venta de activos estatales, alertó, por ejemplo, no se hizo una labor de preparación de la entidad para la operación ni se precisa cuál será el método de la venta.

"La eventual venta del conglomerado BCR requiere de un escenario claro, que exige analizar el contexto y la coyuntura, y el impacto en el diseño del Estado costarricense", afirmó la Contralora ante los diputados, destacando la necesidad de una "ruta estratégica" y una "definición certera" del proceso.

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De lo contrario, se corre el "riesgo de fracasar" en los objetivos de la venta y de "propiciar la disminución del valor de la entidad" por "la incertidumbre que se genera en el ámbito nacional al presentar a la corriente legislativa un proyecto de ley sin la discusión previa y profunda que requiere", insistió.

Todo esto sumado a que "existen inconsistencias y vacíos" en el marco jurídico aplicable en materia contractual, como por ejemplo la falta de un sistema de control claro que involucre a tomadores de decisiones y supervisores del sector bancario, así como las dudas existentes en torno a la licitación de una asesoría financiera.