Venta del BCR requiere de 38 votos de diputados, confirma Asamblea Legislativa

Para que la privatización del Banco de Costa Rica (BCR) sea aprobada en el Congreso se necesita una mayoría calificada de 38 votos. Así lo confirmó el departamento de Servicios Técnicos en un oficio divulgado este jueves, cuatro días después de que el presidente Rodrigo Chaves dijera que sus asesores legales consideraban que el proceso requería solo 29 votos.

Ante consultas de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, Servicios Técnicos señaló en reiteradas ocasiones que la Constitución Política define a los bancos comerciales del Estado —como el BCR— como instituciones autónomas y que para revertir esa condición debe contarse con el apoyo de dos terceras partes de la Asamblea.

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Asimismo, apuntó Servicios Técnicos, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional define cuáles entidades son consideradas bancos comerciales del Estado, lo que implica que su condición jurídica está definida a nivel legal y cualquier modificación de esa característica exige la aprobación de una ley. Esto, solo en los casos en los que se modifique esa condición de banco estatal.

"Si la venta de acciones significa la condición de dejar de ser una institución autónoma del Estado, como sería por ejemplo el caso de disponer la venta de sus acciones a sujetos privados particulares que pasarían a ser sus dueños; en ese caso, y por la condición de Institución autónoma que le define la Constitución Política, la autorización legal requeriría una mayoría calificada", reza el oficio.

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El criterio de Servicios Técnicos trasciende después de que el pasado lunes 12 de septiembre, en una conferencia de prensa en Paraíso de Cartago, el presidente Chaves dijo: "Hasta donde yo entiendo no se ocupan 38 votos […] porque el proyecto no extingue […] la personería jurídica del Banco de Costa Rica. Lo único que hace es traspasar los activos y pasivos".

"¿Se ocupan los 38 votos?", insistió el mandatario. "En mi opinión no se ocupa, porque lo que estamos haciendo es vendiendo los activos y pasivos y no la personería jurídica", se respondió. No obstante, pocas horas después representantes de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa señalaron que esa es una determinación que le compete al Congreso, no al Poder Ejecutivo.

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Con respecto a otros aspectos del proyecto de ley para la venta del BCR presentado por el Gobierno, Servicios Técnicos del Congreso confirmó también que, si la entidad pasa a manos privadas y se modifica su condición de institución autónoma, las cargas parafiscales que actualmente paga a fondos de pensiones e instituciones se extinguirían "necesariamente".

Por otra parte, una ley que autorizase la privatización del BCR sí podría dar un destino específico a los ingresos que dicha operación genere al Estado, sin que necesariamente tengan que ir a la caja única de la administración. El Gobierno de Chaves indica en la iniciativa que ese dinero se destinaría exclusivamente a la cancelación de deuda, algo que la ley, si es aprobada, sí podría determinar.