La UPAD que creó el Gobierno de Carlos Alvarado fue inconstitucional, resuelve Sala IV

La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue inconstitucional, resolvió este miércoles la Sala Constitucional. En específico, fue el párrafo segundo del artículo 7 del decreto que dio pie a la creación de este órgano el que "infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales".

Según un comunicado de la Sala Constitucional, dicho segmento del decreto también "excedió la potestad reglamentaria en lo que se refiere al otorgamiento de potestades de imperio a dicho órgano". Y es por eso que el decreto, de forma integral, ha sido declarado inconstitucional, por "infracción al principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales".

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La UPAD se creó por decreto ejecutivo del expresidente Carlos Alvarado el 14 de octubre de 2019 y fue derogada por la misma vía el 21 de febrero de 2020. Se trataba de un órgano adscrito a la Presidencia de la República que iba a ejercer "una función permanente de asesoría" para la toma de decisiones basada en "la evidencia que aporta el análisis de los datos".

El artículo por el que se presentó una acción de inconstitucionalidad en febrero de 2020 establecía que la UPAD podía tener acceso a "información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera". Esa información mantendría "en todo momento su carácter confidencial", y se indicaba que se garantizaría "un uso responsable" de los datos.

La acción de inconstitucionalidad la presentó el abogado Arnoldo Segura Santisteban y contó con el apoyo de los entonces diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, Rodolfo Peña, Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca, además de la independiente Shirley Díaz. El recurso aseguraba que la UPAD amenazaba la intimidad y la autodeterminación informativa.

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En su resolución, la Sala IV declara con lugar dicho recurso y establece efectos tanto declarativos como retroactivos "a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe". De los cinco magistrados presentes, solo uno (Paul Rueda Leal) salvó el voto y declaró sin lugar lo denunciado en la acción de inconstitucionalidad.

Ya la Procuraduría General de la República (PGR) había brindado un informe al respecto, previa solicitud de los denunciantes cuando la Sala IV acogió el recurso. La PGR concluyó entonces que el Gobierno de Alvarado había violado el derecho a la intimidad y el principio de reserva legal con la creación de la UPAD.

Además, este año, en febrero, la PGR acusó al expresidente Alvarado de prevaricato y solicitó el levantamiento de su inmunidad, lo cual no sucedió antes del traspaso de poderes del 8 de mayo. La Procuraduría estima en 20 millones el daño social provocado por este caso. Los abogados del exmandatario criticaron al órgano por precipitarse y actuar "sin pruebas".