'U' públicas reiteran rechazo a reforma de empleo y proponen plantear una reestructuración propia

Los rectores de las cinco universidades públicas del país reiteraron su rechazo a que las instituciones que dirigen sean incluidas en la reforma al empleo público que se tramita en el Congreso y su escala salarial única. A cambio, firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron iniciar procesos internos para plantear una reestructuración interna de sus regímenes salariales en un solo esquema que garantice la "sostenibilidad" de las entidades.

La declaración conjunta la firmaron los representantes de cada universidad en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), y la leyó de forma integral el jerarca de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González.

Según dijo, se trata de una respuesta en medio de "la lucha que (las universidades) seguimos sosteniendo" en contra de su inclusión en la reforma al empleo público. Esta norma establecería una escala salarial única para todos los puestos de la función pública, incluidos los de las universidades.

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Específicamente, la propuesta de los rectores universitarios es integrar una comisión con cuatro representantes de cada universidad, la cual tendría que entregar una propuesta de reestructuración salarial en un año máximo. Según explicó González, el lapso se ajusta con el proyecto de ley de empleo público, que descuenta dos años para su aplicación.

La propuesta de la comisión luego sería enviada de Conare a las consejos universitarios de cada entidad, de modo que ellos aprueben o rechacen las reformas correspondientes.

Sobre la formalidad real del compromiso universitario, el rector de la UNA aseguró que existe anuencia para empujar las reformas que se necesiten. En esa línea, subrayó que la declaración se presentó con el respaldo de los consejos universitarios y de las federaciones estudiantiles internas.

González no profundizó en cuanto a los problemas de las escalas salariales actuales universitarias; sin embargo, reconoció que implican problemas de sostenibilidad para las instituciones. "Reconocemos que hay la necesidad de revisar las estructuras salariales para asegurar la sostenibilidad. Algunas universidades tienen más o menos más o menos complicaciones en su presupuesto", afirmó.

Representaciones universitarias se manifestaron en contra de su inclusión en la reforma al empleo público. De hecho, asistieron a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, tras un llamado de los rectores institucionales. No obstante, la asistencia fue baja en comparación con movimientos similares que se desarrollaron en contra de otras iniciativas en el pasado.

La teoría de los gremios universitarios es que no deberían incluirse en la reforma al empleo público por la autonomía funcional que les confiere la Constitución Política en su artículo 84, el cual les otorga "independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios".

Consultado sobre por qué hasta ahora las universidades asumen este compromiso, el rector de la UNA evitó hacer valoraciones. "Cada momento en la historia tiene sus actores y sus momentos", apuntó.

Los diputados de la comisión de Gobierno y Administración votarán, a partir de este lunes, las últimas propuestas de cambios al proyecto; incluidas varias mociones que pretenden excluir total o parcialmente a las universidades de la eventual norma.

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Empleo público

Entre otros detalles, la reforma al empleo público pretende instaurar una escala salarial única que garantice iguales remuneraciones por iguales trabajos a todos los servidores del sector público. También pretende eliminar pagos de incentivos monetarios que aumenten las erogaciones del Estado.

Asimismo, introduce mecanismos de evaluación de desempeño y dos nuevas formas de despido de trabajadores, una por ineficiencia y otra por reorganización institucional o falta de recursos estatales (con responsabilidad patronal).

Los diputados que tramitan el proyecto además pactaron integrar varias restricciones de gasto a los acuerdos obrero-patronales de las las convenciones colectivas, de modo que no puedan aumentar el gasto público vía remuneraciones, incentivos o creación de nuevas plazas.

Las universidades no quieren estar sujetas a este tipo de regulaciones, sino hacer su propio sistema común de remuneración y control interno.

El proyecto de ley 21336, Ley Marco de Empleo Público se encuentra en su etapa final de modificaciones en comisión de Gobierno y Administración. Esta noche arrancará la discusión y votación de las últimas propuestas de cambios al texto en ese foro. Una vez que supere esa etapa, deberá pasar a su discusión final en el Plenario legislativo, en donde el espacio para realizar cambios al proyecto es más reducido, y tendrá que votarse de manera definitiva.

Hasta hoy, los centros académicos siguen incluidos en su ámbito de aplicación.

Los rectores además aprovecharon su declaración para destacar el papel formativo de las universidades y sus contribuciones en medio de la delicada situación fiscal del país y la pandemia del nuevo coronavirus.

Subrayaron que atienden a 110 mil personas estudiantes, de las cuales un 48% están becadas y un 83,8% proviene de colegios públicos. Asimismo, destacaron que han respetado normas legales de restricción de gasto, aunque no retroactivamente, que postergaron la recepción presupuestaria de un 5% de sus fondos (¢27.590 millones) este 2021 y que realizaron ¢9.800 millones en transferencias para atender la emergencia sanitaria de la Covid-19 en 2020.

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