Universidades estatales piden ser excluidas de reforma al empleo público

Las universidades públicas del Estado pidieron ser excluidas de la reforma al empleo público propuesta por el Poder Ejecutivo y que ya se encuentra bajo el bajo análisis de la Asamblea Legislativa. Así lo expusieron las autoridades del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en representación de los centros educativos, ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

Luis Paulino Méndez, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y presidente de Conare, explicó que las universidades consideran que entrar en el rango de aplicación de la norma sería una violación a su autonomía universitaria, la cual está establecida en el numeral 84 de la Constitución Política.

"En tanto la Constitución Política esté vigente, nosotros consideramos que no debemos estar en la lista taxativa de las instituciones que están en el alcance de esta ley (...) estimamos razonable que si el proyecto sigue adelante se revise si se incluye a las universidades o no, porque al incluirlas se estaría violentando ese artículo constitucional", subrayó.

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Al rector universitario lo acompañó el abogado y asesor legal del Conare, Gastón Baudrit. Él señaló que las universidades son "instituciones de cultura superior", por lo que no se pueden tratar de la misma manera que al resto de instituciones autónomas.

"En resumen, la diferencia básica es que la institución autónoma está sujeta a la ley en materia de Gobierno, y eso quiere decir que cualquier disposición que la Asamblea Legislativa quiera aprobar y quede sancionada hasta entrar en vigencia como ley, es de aplicación inmediata y directa, y en eso no hay ninguna duda".

"Ahora bien, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno y eso quiere decir que, en caso de que exista una ley que de alguna manera interfiera con el desarrollo y cumplimiento de sus cometidos, no se les aplica", detalló.

Según las autoridades, esto no implica una pérdida de responsabilidad por parte de las universidades en relación con su gestión del empleo; sino una responsabilidad todavía mayor ante su grado de libertad.

Problemas de fondo

Luis Paulino Méndez aseguró que la norma también tiene problemas de fondo y que muchas de sus propuestas incluso serían "inaplicables", incluso si el proyecto avanzara con las universidades públicas incluidas dentro de sus regulaciones.

Específicamente, señaló que el rol del Ministerio de Planificación como coordinador de reclutamiento implicaría pasar por encima a las oficinas que las propias universidades ya han desarrollado para administrar esa tarea; y que interpretaciones legales podrían permitir que las altas autoridades universitarias (como los rectores y concejales) sean definidos por entes externos a los centros educativos.

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También dijo que la aplicación de una escala salarial única podría desmotivar la participación de personal calificado, dependiendo de cómo se manejen las fórmulas en cada caso.

Por último, indicó que la evaluación de desempeño propuesta por el Gobierno, que permitiría despedir a funcionarios con dos notas consecutivas inferiores a 70%, sería inaplicable para las universidades, cuyos métodos de evaluación se concentran en apuntalar oportunidades de mejora más allá de promover castigos.

El proyecto

El proyecto de reforma al empleo público entró en corriente legislativa desde abril de 2019; sin embargo, su trámite permaneció en pausa y recién se reactivó hace pocas semanas, después de que el Poder Ejecutivo presentó un texto sustitutivo con algunas correcciones solicitadas por los diputados de oposición en el Congreso.

Entre otras medidas, el proyecto establece un salario global con leves variaciones, por conceptos como disponibilidad y peligrosidad, para ocho familias de empleo distintas. Ellas serían personas en puestos de confianza, personal del servicio exterior, trabajadores judiciales, universitarios, educadores, policías, personal de salud, profesionales y no profesionales.

No se incluirían a funcionarios de instituciones en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) o la banca pública.

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El objetivo de la ley es promover una mayor atracción de talento humano y una mayor estabilidad en el pago de remuneraciones, a través de salarios estables con menores aumentos por pluses.

Según las estimaciones del Gobierno, el proyecto permitiría ahorrar 0,7 del PIB —unos ¢250.000 millones— anuales en la próxima década, a través del recambio de funcionarios viejos que vayan dejando sus puestos por trabajadores nuevos con salarios iniciales más atractivos, pero crecimientos menos pronunciados.

A pesar de todas sus quejas, el presidente de Conare aseguró que las universidades "comparten bastante lo que está planteado en el proyecto" y que "sus objetivos son bastante buenos para el país". "Lograr homologar estructuras salariales de las distintas instituciones es lo ideal, nos permitiría tener un mejor control del gasto público”, afirmó.

Además, destacó el reconocimiento de familias de empleo, pues las instituciones "no son todas iguales".