Por "mal manejo" en investigación de mascarillas, Unión Médica denuncia a abogados del CIPA-CCSS

La Unión Médica Nacional denunció a abogados del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la Procuraduría de la Ética Pública, por "mal manejo" que, según ellos, se ha realizado de la investigación interna relacionada con las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas para el personal médico y auxiliar durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Así lo hicieron a través de un oficio en el que mencionaron directamente a Grettel Camacho Marín, Sergio Alfaro Esquivel y Mario Cajina Chavarría, de quienes dice que "presumiblemente han afectado la transparencia del debido proceso en el caso de las mascarillas, socavando la imparcialidad del caso al no actuar de manera eficiente, oportuna y conforme a derecho".

Según redactó la Unión Médica, los abogados no tramitaron eficientemente las audiencias de ley para dilucidar los problemas denunciados en materia de mascarillas, "todo lo cual ha representado eventualmente un retraso indebido en perjuicio de la justicia y el erario público, así como en la credibilidad, ética, confianza y seguridad jurídica que debe prevalecer en la CCSS".

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"Así mismo debe investigarse si existe una posible dilación indebida en el procedimiento disciplinario y extralimitación de competencias del CIPA al no proceder con las audiencias orales de ley, poniendo de excusa disposiciones que NO son compatibles con este tipo de procesos, mucho menos cuando las mismas autoridades de Salud han redactado protocolos para enfrentar situaciones especiales".

"Igual debe investigarse si el CIPA ha girado protocolos especiales para llevar a cabo este tipo de audiencias o procesos. Debe investigar esta Procuraduría si estos funcionarios han actuado o no con probidad y apegados a los más altos principios que orientan nuestro Estado de Derecho", dicta la carta enviada al ente procurador.

Al CIPA se le recrimina retrasar las investigaciones internas relacionadas con compras de mascarillas. De hecho, la Gerencia General de la propia CCSS decidió intervenir el Centro desde el 19 de febrero pasado.

Los abogados del CIPA, Grettel Camacho Marín, Sergio Alfaro Esquivel y Mario Cajina Chavarría, fueron llamados a comparecer esta mañana por los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público. Allí negaron que exista negligencia en sus actuaciones, sino que siguen protocolos internos por la pandemia del nuevo coronavirus, pero las acciones no se han paralizado.

Asimismo, indicaron que dos de los tres expedientes administrativos ya fueron remitidos a la Gerencia General para su análisis, y sus audiencias nunca fueron suspendidos.

Cajina, director del grupo, incluso dijo que asumió el puesto hasta agosto de 2020 y que más bien en ese entonces reactivó audiencias que se encontraban suspendidas en un período de solo seis días. "No es cierto que se haya entrado en un cierre técnico durante mi gestión", comentó, no sin antes también señalar que las audiencias sobre mascarillas iniciaron muy recientemente y avanzan de manera correcta.

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Intervención de la CCSS

El CIPA fue intervenido por la CCSS, desde este 19 de febrero de 2021. Así lo anunció la propia entidad a través de un comunicado de prensa, en el que indicó que la decisión se tomó por orden de la Gerencia General (oficio GG-0513-2021).

Junto con la intervención, la Caja trasladó a otro departamento a Mario Cajina Chavarría, jerarca de la unidad, por un período de al menos dos meses.

“La decisión para la intervención se basa en dos puntos que señala la Gerencia General; primero el aletargamiento en la atención de los procedimientos administrativos sobre todo en la no convocatoria de las audiencias y en el punto dos señala que se quitó la condición de órgano decisor a la Gerencia General y ellos consideran que es una falta de respeto a la jerarquía”, comentó el gerente administrativo, Rónald Lacayo Monge, quien puso en marcha el proceso.

Según informó la CCSS, el equipo interventor está conformado por María Gabriela Ramírez Abarca, jefa del área de Asesoría Laboral de la Dirección de Bienestar Laboral; Julio César Cano Barquero, asesor de la Gerencia de Pensiones; y Jennifer Zúñiga Ruiz, jefa de la subárea de Archivo y Correspondencia.

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