Uccaep rechaza participar en diálogo convocado por Gobierno, alega composición "desequilibrada"

La Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) decidió no participar en las jornadas de diálogo multisectorial que convocó el presidente Carlos Alvarado en conjunto con el presidente legislativo Eduardo Cruickshank.

La Unión de Cámaras tomó la decisión con una votación unánime de su Consejo Directivo, el cual recriminó la composición de la mesa de diálogo propuesta por la coordinación del proceso en manos del Programa Estado de la Nación.

El grupo empresarial consideró la propuesta como desequilibrada con el sector empresarial, pues —desde su punto de vista— debían acceder a una mayor cantidad de sillas y votos en el proceso.

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Así lo indicó el presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins, quien también señaló que la idea es continuar con otros foros de diálogo que la entidad considera más productivos, impulsado por Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

"Reiteramos nuestra inquietud en cuanto a la proporción desequilibrada de la mesa que impulsa el Gobierno, la cual no garantiza la representación de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de una solución consensuada para el país. Estamos en pro del diálogo e instamos al Gobierno a sumarse al Foro Nacional de Diálogo Multisectorial que impulsó la Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal", redactó en un comunicado.

La representación de empresarios señaló que considera ese espacio como "la oportunidad propicia para construir en unión, con claridad de pensamiento y con absoluta transparencia los acuerdos que requiere Costa Rica"; no sin antes recordar que el sector privado genera el 85% del empleo nacional.

La postura de Uccaep pone en jaque las negociaciones propuestas por el presidente Alvarado, con el objetivo de buscar soluciones a la difícil situación económica que vive el país, la cual ya amenaza con una crisis económica y social producto de la insostenibilidad financiera del Estado y sus altos niveles de endeudamiento.

Su salida se une a la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que también rechazó la propuesta por considerarla una forma de legitimar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según la organización, no son necesarias.

Las representaciones empresariales y sindicales eran claves en la estructura de negociación que planteó Estado de la Nación, como operador del proceso; la cual estaba compuesta por 29 personas: cuatro representantes del Poder Ejecutivo (Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación), cuatro del sector empresarial, dos del sector agropecuario, dos de municipalidades, dos de asociaciones solidaristas, cuatro de sectores sindicales, uno de representaciones comunales, uno de agencias de desarrollo, uno del sector estudiantil, cuatro del sector cooperativistas, dos de asociaciones feministas y dos representantes de la Iglesia.

El Programa Estado de la Nación informó este miércoles que recibiría respuestas a la propuesta de diálogo hasta el mediodía de este jueves y que, una vez teniendo todas las respuestas, comunicaría si existen las condiciones para realizar el proceso de diálogo, reformarlo o si del todo es imposible conformar las negociaciones.

La primera reunión del proceso, para arrancar con la instalación del mismo, sigue programada para este sábado a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

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¿Por qué las negociaciones?

La mesa de diálogo se ideó con la intención de establecer un acuerdo multisectorial para superar el complicado desequilibrio fiscal que vive el país y que ya amenaza con una posible crisis. Según explicó Jorge Vargas Culel, director de Estado de la Nación, el objetivo que se planteó es encontrar "una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos".

La situación de las finanzas públicas costarricenses es crítica. El Gobierno estima un déficit fiscal del 9,3% de la producción en 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones. Sin contar el pago de intereses (únicamente los gastos y los ingresos el Estado para la gestión regular de sus operaciones) la diferencia sería de un 4% de la producción, lo cual representa un desequilibrio de ¢1,34 billones.

El país ya esperaba un déficit importante este 2020 sin la pandemia. La relación negativa se estimaba por encima del 1% del PIB. Sin embargo, la situación se agravó con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus. Este colapso redujo los ingresos estatales en poco menos de ¢1,17 billones (estimado hasta el momento) y aumentó los gastos extraordinario en montos que crecen día a día.

Cerrar el desequilibrio entre gastos e ingresos es esencial para que el Gobierno detenga el deterioro de sus finanzas, que ya cerrarán este 2020 con una deuda acumulada del 70% del PIB este año: 20 puntos porcentuales por encima de la recomendación para la sostenibilidad de economías en desarrollo.

En busca de ese objetivo, el Gobierno impulsa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en pausa ante el descontento social que provocó una primera propuesta de ajuste hecha por el Gobierno, marcada mayoritariamente por nuevos impuestos.

La idea es consensuar nuevas medidas entre los distintos sectores que accedan al diálogo, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y, con ello, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y evitar una crisis de magnitudes mucho mayores en ámbitos como el desempleo, la inflación y la pobreza.

No obstante, el ambiente no parece favorable para el proceso propuesto por el Gobierno y bajo la coordinación de Estado de la Nación con los rechazos de sectores sindicales y empresariales.

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