DiDi y Uber piden regular su situación pero evitan decir qué impacto tendrá en sus tarifas

Las plataformas de movilidad que operan en Costa Rica, DiDi y Uber, piden al Gobierno que regule las condiciones en las que pueden participar dentro del mercado de transporte público; sin embargo, las dos empresas evitan indicar qué impacto tendría la legalización de su actividad en las tarifas que cobran a los usuarios.

Uber trabaja en el país desde 2015 y DiDi empezó a operar en noviembre de 2019, pero sin ninguna regulación sobre sus tarifas o condiciones laborales con sus socios conductores. Esto ha motivado el rechazo de los taxistas, gremio que opera bajo la modalidad de concesión y cuyas tarifas están sujetas a controles por parte del Estado.

Ambas plataformas aseguran eso sí, estar en la mayor disposición de conversar con las autoridades para buscar un mecanismo “moderno” de regulación y que permita dar seguridad jurídica a los socios conductores.

Desde la llegada de Uber se han analizado diferentes propuestas de regulación, la mayoría rechazadas por diputados al contemplar altos cobros a las plataformas. Por ejemplo, el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a la Asamblea Legislativa en enero del 2019 establecía que dicha empresa (Uber) debía pagar el 3 por ciento de cada viaje y -además- casi ¢8.300 millones para inscribirse.

Para los legisladores la propuesta fue excesiva y desde entonces se han planteado otros proyectos, pero ninguno se encuentra actualmente en discusión.

El Director Regional de DiDi, Pablo Mondragón, manifestó que la empresa busca acercamientos para lograr la regulación de su actividad y aseguró que para ellos “es un tema clave y prioritario”.

“Desde que llegamos a Costa Rica hemos sido muy proactivos en tener conversaciones de frente con diputados, con diferentes ministros justamente para entender y lograr un marco regulatorio que sea favorable para todas las partes”, dijo el vocero sin detallar con cuáles jerarcas se dieron las conversaciones.

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La Gerente General de Uber Centroamérica, Miriam Manrique, también reconoció que han buscado acercamientos para lograr un regulación del mercado pero aclaró que todavía "no tenemos todavía conclusiones sobre cómo esto podría afectar las tarifas para el usuario o el socio colaborador; en principio lo que queremos es una regulación moderna para que los socios colaboradores puedan operar de manera tranquila, el tema ya de tarifas creemos que es secundario”.

“No es algo que ahorita nos preocupe”, dijo la vocera de Uber.

Para Mondragón, de DiDi Centroamérica, primero hay que "entender el tipo de regulación" y por lo que ellos apuestan en generar alianzas público-privadas en las que tanto los autoridades como los conductores y clientes se vean beneficiados con la regulación. “Hay que aceptar la tecnología que llegó para quedarse y tiene un impacto muy positivo en cómo los ticos se mueven, queremos que sea una regulación que promueva el uso de la tecnología, que sea de libre entrada para la diferente competencia y que priorice el centro con beneficios para los usuarios y socios conductores”, dijo el vocero de DiDi.

Actualmente, las personas que ofrecen servicios a través de ambas plataformas de movilidad están expuestas a ser multadas por la Policía de Tránsito, que en diferentes ocasiones han realizado operativos exclusivamente para detectar a socios conductores de esas empresas.

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