​‘U’ públicas tendrán sus propios estatutos de empleo, pero deberán ajustarse a salario global

Las universidades públicas tendrán autonomía pata establecer las particularidades de su sistema de empleo público, pero deberán ajustarse a la escala salarial única y demás límites propuestos por la reforma al empleo público que impulsa el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

Así lo votaron los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración la tarde de este martes, a través de tres mociones que agregaron un nuevo inciso al artículo 6 del proyecto de ley, expediente 21.336.

El nuevo inciso indica que "el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus órganos de autogobierno, de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política".

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Es decir, el texto reconoce la autonomía universitaria, como un mecanismo de autorregulación administrativa "de organización y gobierno propios", como dicta la carta magna.

Las tres mociones se habían rechazado inicialmente; sin embargo, fueron revisadas esta tarde. Se trataba de las propuestas de modificación 89, 90 y 91, las cuales contaban con las firmas del independiente Dragos Dolanescu y la socialcristiana Shirley Díaz; de los oficialistas Paola Vega, Carolina Hidalgo y Welmer Ramos; y de la liberacionista Karine Niño.

Las mociones fueron aprobadas por Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio; y el independiente Dolanescu. En contra votaron Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); David Gourzong del PLN y la independiente Zoila Volio.

El socialcristiano Abarca fue el que se opuso con mayor vehemencia a las mociones, pues, desde su punto de vista, implican justificar "un feudo" universitario por encima de la ley. Abarca amenazó incluso con un eventual voto negativo al proyecto como un todo. No obstante, los propulsores de la iniciativa subrayaron que únicamente se busca garantizar el respeto de la autonomía universitaria para cuestiones administrativas, sin que ello implique excluir a las casas de enseñanza de cumplir con las normas generales que impondría el proyecto.

De hecho, la oficialista Paola Vega, una de las más incisivas sobre la necesidad de sacar a las 'u' públicas del proyecto de ley enfatizó que la moción solo se trata de "un punto medio" entre la tesis de incluir o excluir a las universidades; sin que eso implique que queden por fuera de la escala salarial única que tendría el Estado para evitar el pago de pluses y otros límites, como aquellos relacionados con negociaciones obrero patronales.

Algo similar manifestó la liberacionista Niño, quien aseguró que su intención nunca sería excluir a las universidades del proyecto, pero sí garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre su libertad de regulación propia.

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Decisión polémica

La decisión de si incluir o no a las universidades en el proyecto de ley, y de cómo garantizar esa inclusión o exclusión, generó intensos choques entre los diputados dentro y fuera de la comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, foro que estudia las últimas propuestas de cambio al proyecto.

Incluso se dieron encontronazos entre la misma fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), en donde la diputada Vega incluso llegó a recordar a Víctor Morales que para aprobar el proyecto se requerirían 38 votos y que ella "no tendría problemas" en ir en contra de la posición del mismo presidente Alvarado, si se irrespetaban principios constitucionales como la autonomía universitaria.

Pese a las diputas, la decisión final de la comisión fue rechazar todas las 21 mociones que pretendían excluir textualmente a las universidades de la reforma al empleo público.

Con la moción aprobada este martes, los diputados mantendrían a los centros educativos en la ley, pero reconociendo su libertad para tomar decisiones, siempre amarradas a los nuevos límites que imponga la reforma al empleo público. Para ello, por ejemplo, queda pendiente la aprobación de una moción que obligaría a las universidades a gestionar, en coordinación con la nueva rectoría de empleo público, la escala salarial única correspondiente para sus puestos, como parte del nuevo salario global que se plantea en la iniciativa.

Las universidades pidieron ser excluidas de la reforma al empleo público desde que inició su tramitación en el Congreso; no obstante, ante la negativa mayoritaria de los diputados para eso, plantearon varias propuestas, que fueron acogidas por diputados a través de distintas mociones, para continuar en el proyecto de ley pero garantizar su libertad de funcionamiento.

Sobre muchas de esas mociones, dijo el diputado Morales (presidente del foro de Gobierno) la semana pasada, existe amplio consenso para su aprobación en los próximos días.

Una de esas mociones es la 331, en la cual se establece que "los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las instituciones de educación superior estatal, las corporaciones municipales y las ligas de municipalidades (...) construirán conjuntamente con Mideplan, Autridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil la respectiva columna salarial global, con base en el principio de coordinación interinstitucional".

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