Trocha fronteriza, primer mega caso de corrupción en obra vial que cumplirá 10 años sin sentencia

La trocha fronteriza es el primer mega caso de corrupción en obra vial que ha tenido el país, el cual cumplirá 10 años sin tener una sentencia.

El 4 de mayo del año 2012 la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, anunció la supuesta entrega de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) quienes, a cambio avalaron pagos ilegales a empresarios.

Ese mismo día se anunció "por responsabilidad política" la salida del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez. El Gobierno presentó una denuncia penal por lo sucedido y se estimó que la pérdida (por trabajos cancelados y no realizados) era de alrededor de ¢25 mil millones.

En la actualidad, el caso se mantiene a la espera de que se fije una fecha para el inicio del juicio y se cumplirán los 10 años sin tener una sentencia sobre lo ocurrido.

“Yo he estado desde el inicio de la causa, algunos de mis defendidos estuvieron un año detenidos, luego por ahí de octubre del 2013 salieron con medidas y han permanecido en libertad los últimos ocho años.

“Se tardaron seis años en poder acusar, luego vino una espera de año y medio para la audiencia preliminar. Estamos esperando que el Tribunal Penal de Hacienda fije una fecha para el debate, que posiblemente quedará para el segundo semestre del 2022 cuando ya se estén cumpliendo 10 años desde el inicio de la causa y este es un debate que, presumiblemente, demorará algunos meses”, dijo a AmeliaRueda.com el abogado José Miguel Villalobos, quien representa a los exfuncionarios del Conavi, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, además de los empresarios, David Castillo y Giovanni Baralis, y también espera tener la representación de “otros cuatro involucrados”.

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Para el jurista, este caso tuvo “graves errores” de parte del Ministerio Público y por esa razón ha tardado casi una década en lograr llegar a juicio.

Agregó Villalobos que se actuó “al revés” se hicieron detenciones y acusaciones públicas sin tener las investigaciones adecuadas y por esa razón espera que todo el proceso concluya con una absolutoria.

“Cuando se hacen las primeras detenciones se habla de un desfalco de ¢25 mil millones, cerca de unos $50 millones de ese momento y, finalmente, la acción civil resarcitoria y la acusación hablan de un daño que no llega a los $2 millones, es decir, que se redujo la presunción inicial de daño a los fondos públicos de $50 millones a menos de $2 millones y esos daños ni siquiera van a poder ser probados. No puede ser que haya habido una presunción tan mala, que hayan destrozado la honra de gente, los acusaron de haberse robado ¢25 mil millones y vea en lo que termina la causa, eso me parece que refleja una pésima investigación”, externó el abogado.

El expediente 12-000053-0621-PE del caso de la trocha fronteriza incluía a 26 personas acusadas; sin embargo, tras el avance del proceso y la ejecución de algunas conciliaciones se redujo a 13 personas, las cuales irán a juicio.

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El abogado Fernando Apuy defiende, desde el inicio del proceso, al exdirector del Conavi, Carlos Acosta, y compartió la opinión de Villalobos en cuanto a las debilidades que ha tenido este proceso.

“La trocha es un expediente que quién sabe para cuándo irán a señalarlo en detrimento de mi defendido Carlos Acosta porque ha tenido que vivir durante estos nueve años, casi 10, muchas injusticias", señaló el defensor.

Para el abogado, la tardanza del sistema judicial en concluir los procesos de investigación provocan múltiples daños, principalmente a la integridad de las personas que se señalan.

Agregó que una de las cosas más lamentables es que este tipo de procesos dejan por fuera a personas de mayor responsabilidad política.

“Ciertas personas, de cierto nivel, nunca les hicieron una verdadera investigación, sino que los trataron con un expediente por aparte en vez de llamarlos al expediente principal de la trocha. Siempre dejaron como máximo jerarca de la institución a Carlos Acosta, pero resulta que al ministro del MOPT de ese momento nunca lo involucraron en el expediente principal y ¿Qué pasó después? que a este jerarca principal y otros se les abrió un proceso aparte y todos resultaron con sobreseimiento”, dijo el jurista.

Los 13 aún involucrados con el caso, esperan que el juicio inicie pronto y se logre cerrar el proceso que terminará sumando más de diez años.

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Proceso

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detalló este jueves 1 de julio los procesos que se han llevado a cabo por el expediente de la trocha fronteriza. Rechazó tener atrasos en las gestiones y aclaró que actualmente sólo se está a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública definan la fecha para el inicio del juicio.

• 10 de enero del 2017, la Fiscalía presentó la acusación contra 26 personas (empresarios y exfuncionarios del Conavi) y solicitó auto de apertura de juicio.
• 13 de enero del 2020, Juzgado Penal de Hacienda dictó el auto de apertura de juicio para 13 de los 26 acusados.
• 19 de agosto del 2020, el expediente ingresó al Tribunal para que se fije la fecha del juicio oral y público
• Actualmente la Fiscalía se encuentra a la espera de que se establezca el inicio del debate

Mientras el país suma casi una década a la espera de que concluya este primer mega caso de corrupción con obras viales, se tiene la esperanza de que el segundo mega caso de presunta corrupción en Conavi, conocido como "Cochinilla", tenga un trámite más ágil.

El caso reveló la supuesta conformación de una red criminal integrada por los dueños de grandes empresas constructoras (MECO, H. Solís, Cacisa, ITP y Constructora Herrera), quienes dieron todo tipo de sobornos a los funcionarios del Conavi a cambio de obtener contratos y pagos adelantados de las obras.

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Por este caso se realizaron 57 allanamientos el pasado 14 de junio y se detuvo a 30 personas, todas quedaron en libertad y con medidas cautelares, con excepción de un funcionario de apellido Quesada Aguirre.

En el caso de los dueños de MECO, Carlos Cerdas, y de H. Solís, Mélida Solís, se fijó una fianza millonaria para obtener su libertad. Ellos debieron presentar garantías financieras por $5 millones y $3 millones, respectivamente.

En el caso de los funcionarios públicos, se les dictó una suspensión con goce de salarios de sus cargos por cuatro meses y además, todos los implicados quedaron con impedimento de salida del país.