Trasladan a Carlos Cerdas de La Reforma a a cárcel de San Sebastián

El presidente de Meco, Carlos Cerdas Araya, fue traslado la mañana de este jueves a un módulo en la cárcel de San Sebastián, San José, donde cumplirá poco más de dos meses de prisión preventiva.

La movilización del empresario investigado en el caso policialmente conocido como "Cochinilla" se da luego de que cumpliera con el aislamiento preventivo en el Centro Nacional de Atención Específica -antigua Máxima Seguridad- en San Rafael de Alajuela, informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Dicha cuarentena está establecida en el Lineamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia en el Sistema Penitenciario.

Cerdas Araya fue detenido el 19 de julio pasado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mientras viajaba en su vehículo junto a su abogado Érick Ramos Fallas en las inmediaciones del centro comercial Multiplaza, en Escazú.

Ese día, el juez Hugo Porter Aguilar, del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, anuló la caución real de $5 millones que en primera instancia le concedió el 26 de junio el Juzgado Penal de esa misma jurisdicción al empresario, como medida cautelar alterna a la prisión preventiva.

AmeliaRueda.com intentó ampliar detalles del traslado con el defensor del sospechoso, pero este no respondió a las llamadas hechas a su teléfono celular.

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Continúa en cárcel de mujeres

La resolución del decisor Hugo Porter Aguilar también revocó la garantía de $3 millones dictada a la dueña de H. Solís, Mélida Solís Vargas. En el caso de la empresaria, esta llegó voluntariamente a los tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, sin que fuera necesaria su captura por parte de la Policía Judicial.

Aún así, oficiales de ese Organismo se presentaron a su vivienda, pero para ese momento, ella no se encontraba en el lugar.

Solís Vargas fue posteriormente llevada al Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, en Desamparados, un recinto penitenciario exclusivo para mujeres.

La propietaria de la constructora fue trasladada el 29 de julio a la Sección de Cárceles de la Policía Judicial en los tribunales de Goicoechea, por una audiencia en la sus defensores plantearían una "protesta por actividad procesal defectuosa" contra lo que su abogado Érick Gatgens Gómez consideró "vicios" -de los que no brindó detalles- supuestamente ocurridos en la investigación desarrollada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) así como por la Policía Judicial.

No obstante, esta no se llevó a cabo toda vez que Solís Vargas se comenzó a sentir mal de salud y debió ser valorada por un médico, que luego ordenó su traslado al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José. Ahí, la imputada permaneció internada hasta la mañana del día siguiente, cuando se le trasladó de regreso al Curling Rivera. Ahí cumplió con el aislamiento preventivo respectivo y el miércoles fue pasada a un módulo de esa cárcel, comunicó el Ministerio de Justicia.

A la empresaria se le detectó un aneurisma -protuberancia en una pared arterial- tal y como lo confirmó otro de sus abogados, Francisco Campos Aguilar, a Noticias Repretel 3 de agosto pasado.

Desde entonces, su equipo de abogados trabaja en determinar con qué gestiones procederá ante sus problemas de salud.

"Ella se mantiene en observación por el tema del agravamiento de la salud que ha tenido en estos días, entonces se mantiene en observación permanente para que no vaya a ver ningún desenlace fatal.

"Aún no hemos definido qué vamos a hacer. Estamos todavía valorando qué gestión se puede hacer", señaló a este medio Gatgens Gómez.

El jurista estimó que el análisis se puede tomar al menos una semana más.

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Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.

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Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 10:00 a.m. del 12 de agosto de 2021.