Petición para anular concesión de ruta 27 llegará a juicio el 23 de enero tras ocho años de espera

El próximo 23 de enero a las 9 a.m. dará inició el juicio oral y público donde se analizará el expediente 12-003415-1027-CA, donde los vecinos de Ciudad Colón y grupos organizados piden la anulación del contrato de concesión de la ruta 27, San José – Caldera.

La demanda fue interpuesta en junio de 2012 y será hasta ocho años después cuando inicie el proceso de juicio.

“El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo confirma que en el expediente 12-003415-1027-CA, se tiene programado juicio oral y público para los días 23, 24, 30 y 31 de enero y 29 de febrero del presente año”, confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial ante la consulta de AmeliaRueda.com.

Los vecinos de Ciudad Colón celebran el inicio del debate y confían en que luego del juicio se tome la decisión de anular el contrato entre el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Autopistas del Sol (ahora Globalvía).

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“La idea de la demanda nació, originalmente, con la intención de quitar el peaje de Ciudad Colón porque a todos los vecinos les parecía injusto; sin embargo, al iniciar todo el análisis del tema vimos que el proyecto tiene muchísimas inconsistencias e incumplimientos que pueden hacer que se anule el contrato, confiamos en que eso pueda pasar”, dijo a AmeliaRueda.com el representante legal de los vecinos, Bernal Gamboa.

La demanda interpuesta es contra el Estado, CNC, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Contraloría General de la República (CGR) y Autopistas del Sol.

El proceso lo iniciaron dos ciudadanos en alianza con la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas).

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Testigos

Los ciudadanos que piden la anulación del contrato de concesión registraron 11 testigos, entre ellos ingenieros y economistas.

“No nos permitieron llevar vecinos, entonces el proceso será un juicio muy técnico. Por ejemplo, llevamos a un ingeniero belga que revisó todo el contrato y la ruta y va a explicar todos los incumplimientos y falencias de la obra; él se encargará de explicar en términos constructivos todo lo que está mal. También llevamos ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

“También tenemos como testigo a un ex gerente de la Concesión (entre 2006 y 2007), Stephan Brunner, quien va a explicar las inconsistencias que existen para el cálculo de tarifas. Precisamente él renunció al cargo por cambios que se introdujeron en la metodología y provocaron aumentos tarifarios”, explicó el abogado.

Además de los testigos brindados por los actores del proceso, se espera que los demandados presenten sus propios expertos en el tema.

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Incumplimientos

Según el análisis realizado por los vecinos que impulsan la anulación del contrato de concesión, el proyecto tiene múltiples incumplimientos técnicos, constructivos, tarifarios y ambientales.

“Desde el inicio se tiene un traspaso de un contrato que no era legal, además, se tienen múltiples convenios y addendas al contrato original que solo se hicieron para quitar obras al proyecto. Por ejemplo, se quitó el área de servicio, bahías para autobuses y un montón de puentes peatonales que tenían que hacerse.

“Por otra parte, la carretera cumple 10 años y aún no está lista. Los taludes siguen representando un riesgo para los conductores y pese a las múltiples fallas el Estado no ha sido efectivo en el trámite y cobro de multas”, manifestó el jurista.

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El grupo de vecinos organizado aseguran que confían en la decisión de los jueces y que se pueda lograr la anulación del contrato, aunque reconocen que, en caso de no ser así, pedirán que se apliquen al concesionario todas las multas que corresponden por los incumplimientos al contrato.

“Algo tiene que cambiar con este juicio. También vamos a exponer todo el tema tarifario y la tasa de descuento del 14 por ciento que se estableció que provoca que cada año que pase paguemos cada vez más por intereses y esto alarga la concesión.

“Según nuestros cálculos, de continuar así, el país va a terminar pagando más de $1.500 millones por este proyecto que tiene un valor de $301 millones”, concluyó.