Tras 18 años de intentos, derecho al agua finalmente es reconocido en la Constitución Política

Tras 18 años de intentos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este 10 de mayo una reforma a la Constitución Política que garantiza el derecho al agua como un derecho constitucional.

La iniciativa pasó su tercer debate de forma unánime. Ahora, el artículo 50 de la Constitución incluirá que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano”.

Este artículo mismo artículo es el que además garantiza el derecho de toda persona a “un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una de las que presentó este proyecto, Paola Vega, aseguró que este es un cambio “histórico”, que permitirá proteger a las personas con menores recursos.

“Hoy por hoy, la gente más pobre es a la que más le está costando acceder al agua y es la que está teniendo más problema para poder satisfacer sus necesidades. (...) Establecer el derecho humano al agua y darle esta herramienta a nuestra Sala Constitucional para que pueda implementar justicia ambiental es esencial”, señaló Vega.

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Vega añadió que esta reforma permitiría hacerle frente al cambio climático, el cual ya comienza a afectar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con intensos racionamientos durante la época de verano.

“Hoy, aunque parezca que el conflicto más grande que enfrentamos es la enfermedad del Covid-19, no lo es. Después de esto sigue una larga batalla todavía contra el cambio climático”, dijo Vega en su intervención en el plenario legislativo.

Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, aseguró que ahora le tocará al AyA y al gobierno tomarse en serio esta reforma, para permitir el verdadero acceso de las personas al agua.

“Espero que este derecho tan importante no sea "de mentirillas", para que luego los costarricenses no tengamos que estar recurriendo a la Sala IV para interponer recursos de amparo”, dijo la diputada liberacionista.

Un análisis de Ameliarueda.com encontró que, desde el 2011, los recursos amparos en torno a la falta de acceso al agua vienen en aumento. Solo en el 2019, la Sala Constitucional recibió 198 recursos relacionados a este tema.

Intentos anteriores

El primer intento de una reforma que incluyera el acceso al agua como un derecho constitucional se dio en 2002, cuando diputados del PLN y el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) propusieron una reforma al artículo 121 de la Constitución.

Desde entonces, sin embargo, esta reforma no se llevó a cabo por falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Figuras políticas como la expresidenta Laura Chinchilla y el exdiputado del Frente Amplio, José Merino, impulsaron esta iniciativa en distintos momentos.

Presidenta de AyA: no tenemos posibilidad de sanción contra quienes desperdician agua

Con esta reforma ya aprobada, la siguiente deuda pendiente en torno al acceso al agua es una nueva ley de aguas, ya que la actual legislación que rige el uso del líquido data de 1942.

Una de las limitaciones, por ejemplo, es que la actual ley no permite sancionar a las personas que desperdician agua, según dijo la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, desde el año 2015.

Sala garantista

En ausencia de esta reforma constitucional, la Sala Constitucional ha mantenido una jurisprudencia garantista en torno a este derecho, según aseguró el magistrado Fernando Castillo en marzo.

“Ya la Sala, desde principios de los años 90, ha venido con una jurisprudencia reiterada que, como parte del derecho a la salud, está el servicio eficaz y eficiente de agua potable para consumo humano”, explicó Castillo.

De acuerdo con la jurisprudencia de la sala, para que un recurso de amparo sobre este tema sea válido, las personas deben demostrar que la interrupción del servicio de agua se hizo de manera “antojadiza” y discriminatoria.

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A pesar de esto, Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), señaló que la reforma constitucional tiene una gran importancia a futuro, ya que no permitiría que se rompa la línea garantista que traía la Sala Constitucional.

“Aunque ya hay jurisprudencia, es muy importante la reforma constitucional porque no dejaría posibilidades de interpretación ni siquiera a la sala, lo cual puede suceder”, dijo Picado en marzo.