Ministerio de Trabajo puede solicitar disolución de sindicatos que incurran en hechos de violencia

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está facultado para solicitar a un juez la disolución de aquellas organizaciones sindicales que lleven a cabo hechos de violencia durante sus movimientos de protesta que impidan a otros realizar legítimamente sus labores.

Según el abogado laborista Marco Durante Calvo, el Código de Trabajo establece en su artículo 350 dicha posibilidad cuando una asociación de ese tipo puede ser disuelta "ante el incumplimiento de algunos requisitos o bien situaciones como las de violencia como los que pudimos haber vivido".

Ello requiere que la institución promueva esa aplicación ante los Tribunales de Trabajo al cual debe hacerle ver la participación del gremio a disolver en una protesta violenta con pruebas para que el juez se pronuncie al respecto.

Concretamente, la legislación mencionada establece que la disolución cabe siempre y cuando se pruebe en juicio que "usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo".

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También cuando estas organizaciones intervienen en asuntos político-electorales, cuando inicien o fomenten luchas religiosas o mantengan actividades contrarias al régimen democrático contenido en la Constitución Política.

De igual manera ocurre si ejercen el comercio con ánimo de lucro, si fomentan actos delictivos contra personas o propiedades, o si suministran datos falsos a las autoridades.

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El especialista mencionó que esa figura no se utiliza inicios de la década de los ochentas, cuando se logró la disolución del Sindicato de Trabadores Agrícolas y de Plantaciones de Pococí y Guácimo (Stappg) de Limón.

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolvió el 24 de noviembre de 1982 en su resolución 82-133 que dirigentes y miembros de la junta directiva de esa asociación incurrieron en actos de violencia al tratar de forzar a otros trabajadores a sumarse a un movimiento huelguístico, al tiempo que se amenazaron a otros por no sumarse a la protesta.

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Recientemente, varias instituciones públicas denunciaron a través de sus jerarcas presiones a su personal provenientes de los participantes de la manifestación contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como daños a sus propiedades y bienes materiales.

También, juzgados de Trabajo han resuelto en primera instancia que recientemente las asociaciones de trabajadores del Ministerio de Educación Público (MEP) y la Refinadora Petróleo Costarricense (Recope), han incumplido con el requisito de un movimiento pacífico.

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Este medio intentó conocer si el Ministerio de Trabajo ha tramitado alguna solicitud de disolución, sin embargo, al cierre de esta nota no fue posible una respuesta.