Primer tope a comisiones por uso de datáfonos ahorraría ¢31.600 millones a 22 mil afiliados

El primer tope en las comisiones por el uso de datáfonos generaría un ahorro de ¢31.600 millones a 22.000 comercios afiliados, de los cuales un 80% corresponderían a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Así lo estimó el Banco Central (BCCR) en la publicación de su primera propuesta de reglamento para aplicar la ley que le obligó a establecer estos topes, aprobada en marzo pasado.

La propuesta se publicó este martes 4 de agosto en el diario oficial La Gaceta. El emisor propuso un tope inicial para las comisiones de "adquirencia" del 2,5%, el cual se reduciría 0,25 puntos en julio de 2021 y otros 0,25 puntos en julio de 2022, hasta caer al 1,75%.

Los bancos que ofrecen datáfonos cobran las comisiones de "adquirencia" a los comercios por utilizar sus redes electrónicas. El porcentaje se cobra sobre el total de recursos que transan los comercios en ellas.

Por este motivo, la Cámara de Comercio abogó por el establecimiento del tope, el cual reduciría los costos de operación de los afiliados.

Denuncias de la Cámara de Comercio señalaban que las tasas ofrecidas por el uso de datáfonos en Costa Rica alcanzaban hasta un 7%, y que oscilaban entre un 4% y un 5% en términos generales.

La propuesta ahora estará 10 días en etapa de consulta y, posteriormente, el Banco Central podrá realizar las últimas modificaciones que considere pertinentes. Luego, procederá a publicar oficialmente la normativa, antes del 24 de septiembre: la fecha límite que establecieron los diputados.

Esta ley, que obligó al Central a establecer los topes, se aprobó desde el pasado 24 de marzo, como una forma de "liberar recursos" ante el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2.

El estudio y propuesta de reglamento se realizan en atención a lo dispuesto en la Ley Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, que establece que el BCCR debe determinar las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores. Detalles en: https://t.co/jH06bFF38J pic.twitter.com/NRh81Q3oDX

— BCCR (@BancoCentralCR) August 4, 2020

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La propuesta del Central también pone un límite a las tasas de "intercambio", las cuales afectan únicamente a las entidades financieras que ofrecen los datáfonos y las tarjetas (de débito y de crédito). La tasa de intercambio es la que el proveedor de cada datáfono transfiere al propietario de cada tarjeta por transacción.

Esa tasa arrancaría en un 1,25% y también se reduciría 0,25 puntos porcentuales en julio de 2021 y de 2022.

El tope excluiría únicamente a las actividades de estaciones de servicio y organizaciones de beneficencia, que continuarían sujetas a un 1%, "conforme lo acordado previamente mediante acuerdo interbancario de los emisores", según dicta la propuesta de reglamento.

Ambas reducciones no serían estáticas. Cuando lleguen a sus puntos más bajos, en julio de 2022 podrían ajustarse "con base en la información más detallada del sistema".

Solo cinco bancos ofrecen datáfonos en el país. Ellos son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, Credomatic, Davivienda, Promérica y Scotiabank.

Los efectos

Entre los efectos positivos de la medida, el Banco Central aseguró podrían esperarse mejoras en las señales de precios, una mayor transparencia y eficiencia en el sistema de tarjetas, y una reducción de los impactos regresivos por el uso de tarjetas. Así lo justificó según evidencia internacional.

También señaló que podrían ocurrir efectos negativos como menores beneficios por el uso de tarjetas y alteraciones en las transacciones de menor valor.

Sobre la inclusión financiera y la bancarización, el Central destacó que existe evidencia mixta. "Por un lado, la regulación podría reducir los beneficios e incrementar las anualidades de las tarjetas, lo que desincentivaría el uso de estos medios de pago en favor del efectivo. Sin embargo, al reducir las comisiones de intercambio, la regulación también podría propiciar una disminución en los costos de aceptar medios de pago electrónico para los comerciantes, incrementando su aceptación", escribió la autoridad monetaria.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y exministro de Economía, Welmer Ramos (proponente de la ley aprobada), argumentó que establecer topes permitiría aumentar el flujo de caja de los comercios, al tiempo que podrían reducir los precios de sus bienes y servicios en beneficio de la población.

No obstante, otros sectores argumentan que el mayor impacto no redundaría en los precios sino en una mayor fortaleza del sector comercial, que podría aumentar sus márgenes de ganancia.

Sobre este punto, el Central aseguró que "no hay evidencia de traspaso de la reducción de comisiones de adquirencia a los precios de los bienes finales en el corto plazo", pero sí de que "en el largo plazo contribuye a un menor crecimiento de los precios".