Suspendida compra de 1.200 armas para la policía tras recorte a presupuesto de 2021

Debido al recorte presupuestario que dispuso la Asamblea Legislativa para el 2021, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debió caducar una inyección de alrededor de ¢1.000 millones para la adquisición de 1.200 pistolas 9 milímetros (mm) con las que se pretendía dotar a la Fuerza Pública.

Una vez que los diputados aprobaron una reducción de ¢5.300 millones en su plan de gastos del año entrante, la cartera inició con los trámites para retirar la primera inversión que realizaba en su recién activado contrato de ejecución según demanda de armas marca Sig Sauer, modelo P320-M17, firmado con el consorcio lnglesini y Compañía y Electromecánica Pablo Murillo.

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Así lo confirmó el viceministro administrativo del ramo, Rándall Vega Blanco, en una entrevista telefónica con AmeliaRueda.com.

"La inyección sigue; sin embargo, surge la siguiente circunstancia: el plazo de entrega para adquirir armas sobrepasa el horizonte presupuestario de diciembre de 2020. Eso significa que ya el contratista no tiene tiempo para poder entregarnos en este año. Además, surge otra situación: la moción 74 aprobada en el Congreso quita la plata que se tiene para la compra de armas en el 2021. Y nos resta una cantidad importante de dinero.

"De tal manera que esa inyección nosotros lo que estamos haciéndole es caducándola. Estamos en este momento en ese proceso. Estamos haciendo todo el debido proceso, porque hay que establecer un órgano director, hay que llamar al contratista porque se le da audiencia... pero la intención que tenemos nosotros, en razón de que no se va a poder entregar y que no tenemos fondos para que se vaya a una contratación en arrastre, lo que estamos optando es por caducar esa inyección de contenido", explicó el jerarca.

Así, una vez que se concrete la suspensión, la institución tendrá disponibles los recursos que iba a destinar a esa inyección y podrá ejecutarlos -al menos una parte- en otras inversiones, como la adquisición de chalecos antibalas; otro de los elementos que se verá afectado el otro año con las rebajas presupuestarios. Lo anterior, antes de que la cartera remita el remanente al Ministerio de Hacienda.

"No representa ningún costo para Seguridad Pública. Esto en razón de que se cuenta con la anuencia del contratista. Al contratista se le pidió el consentimiento, estar de acuerdo, que lo documentara al dejar sin efecto la inyección", añadió Vega.

El viceministro insistió en que el proceso para dejar sin efecto la inversión está en trámite y que restan por realizarse las audiencias con el consorcio, por lo que se cree que el finiquito de la inyección quedará listo el 30 de noviembre.

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Dada la modalidad con la que se alcanzó el pacto con lnglesini y Compañía y Electromecánica Pablo Murillo, el jerarca evitó descartar que se realice una nueva inversión el año entrante. Eso sí, recalcó que para ello es necesario la aprobación de un plan de gastos extraordinario por parte de los legisladores.

Vega adelantó que en 2021 presentarán un extralimite de presupuesto a Hacienda, para que este luego lo presente al parlamento. El monto al que la cartera aspira que le brinden los diputados oscila los ¢13.000 millones. Esa cifra, de acuerdo con el viceministro, alcanzaría para cubrir las inversiones de capital -como la compra de patrullas y motocicletas para año a año se deben reemplazar por daños, la renovación de armamento así como de chalecos vencidos- y el gasto corriente -mantenimiento de vehículos, equipo de cómputo y comunicación, insumos para la atención del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, gasolina, pólizas, alimentos, uniformes y botas-.