Sujeto lanzó cuerpo de Allison Bonilla a botadero para garantizar muerte e impunidad, acusa Fiscalía

El sospechoso de asesinar a Allison Bonilla Vásquez lanzó su cuerpo a un botadero clandestino situado en un barranco de 450 metros de profundidad en San Jerónimo de Cachí de Paraíso, para garantizar la muerte de la joven y, a la vez, conseguir la impunidad.

Dicha finalidad fue señalada la mañana de este lunes por Paula Aragón Gómez de la Fiscalía Adjunta de Cartago en su acusación, leída en el arranque del juicio por el crimen de la mujer que se desarrolla del 19 al 30 de julio en el Tribunal Penal de Cartago.

“El acusado Sánchez Ureña, aprovechándose de ser una persona conocida de la víctima, por ser vecino de la misma localidad, procedió a interceptar a Allison Bonilla que caminaba apresurada hacia su casa por un lugar solitario con poca iluminación, y ocultando sus intenciones, logró que la joven abordara su vehículo marca BMW, color vino, placa BCT-285”, reza la pieza acusatoria.

Una vez en el auto, el imputado llevó a la ofendida a un cafetal en Ujarrás de Paraíso.

“Prevaleciéndose de su contextura y fuerza, en contra de la voluntad de la ofendida y actuando sobreseguro por la incapacidad de defensa de la joven, aprovechándose de lo oscuro del lugar y lo poco habitado de la zona, hizo que Bonilla Vásquez bajara del automotor y la introdujo a 140 metros de la entrada principal del inmueble.

“Una vez en el sitio, la golpeó con tal fuerza que sus anteojos medicados cayeron al suelo, desprendiéndose del marco uno de los lentes. Asimismo, producto del golpe uno de los aretes tipo argolla que portaba la víctima cayó al suelo y quedó en el lugar. El fuerte golpe propinado por Sánchez Ureña a Bonilla Vásquez también le ocasionó a esta una herida sangrante que dejó rastro en el terreno y la dejó inconsciente”, agrega el documento.

Posteriormente la llevó de vuelta al auto, la amarró con tela y cinta adhesiva, y la colocó en la cajuela de su carro. Dejó la finca y se dirigió a Cachí de Paraíso.

“Al llegar al botadero clandestino, con total desprecio por la vida humana, sacó de la cajuela de su automotor el cuerpo inconsciente de Bonilla Vásquez y lo lanzó a un precipicio de 450 metros de profundidad con la finalidad de asegurarse la muerte de la ofendida y, asimismo, tomando en cuenta las condiciones del lugar en el que cayó, procuró para sí la impunidad”, destaca la acusación.

Producto del lanzamiento al precipicio, la joven sufrió múltiples quebraduras, tal y como se pudo determinar en los restos óseos encontrados meses siete meses más tarde.

Reclamo millonario

El abogado Rodrigo Araya Solano, en representación de la familia de Allison Bonilla Vásquez, formuló una querella -acusación privada- y una acción civil resarcitoria sustentada en los mismos hechos de la acusación del Ministerio Público.

La única diferencia entre estas es que el jurista subsidiariamente acusó una violación, presuntamente ocurrida en la finca.

Asimismo, preliminarmente, Araya Solano reclamó con la acción civil ¢100 millones por concepto de daños físicos, ¢50 millones por daños morales además de las costas procesales.

Tras escucharse las exposiciones de la Fiscalía y la representación de la familia, Sánchez Ureña -representado por el defensor público Adrian Rojas Rodríguez- subió al estrado para ser identificado y luego rechazó los cargos al tiempo que se abstuvo de declarar.

Posteriormente, se llamó a la primera de 12 testigos en el caso: Yendry Vásquez Cordero, madre de la víctima. Pero antes de hacerlo, la fiscala Paula Aragón Monge pidió se sacara de la sala a Sánchez Ureña; situación que fue respaldada por Araya Solano y no tuvo oposición de Rojas Rodríguez.

Pero al resolver, el tribunal conformado por Magaly Orue Rivera, Jenny Almendaris Solís y Franklin Ramírez Montero declaró el testimonio privado y procedió a evacuar del lugar a la prensa y público presente.

Incertidumbre y dolor

Allison Bonilla Vásquez desapareció la noche del 4 de marzo de 2020, mientras caminaba de vuelta a su hogar en Ujarrás de Paraíso de Cartago. Ese día regresó antes del colegio nocturno de Cachí porque las clases se cancelaron.

Como era usual, viajó en bus y al llegar a la parada más cercana a casa se bajó para emprender a pie un recorrido de 1,2 kilómetros en el que se topaba a su madre, Yendry Vásquez Cordero. Sin embargo, en esta ocasión la joven que entonces tenía 18 años no apareció.

La pesquisa realizada por la Delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago -iniciada un día después, a partir de la denuncia hecha por la mamá de la víctima- apunta a que en el camino, Bonilla Vásquez fue interceptada presuntamente por un vecino suyo llamado Nelson Sánchez Ureña.

El 5 de marzo de 2020 la Policía Judicial encontró en una explanada a 300 metros del clausurado paradero turístico Charrara unos anteojos que pertenecían a la víctima. Desde ese momento, se estableció un sitio de trabajo que implicó una inspección profunda de la zona, con lo que fue posible ubicar un rastro de sangre que se extendía por 140 metros, hasta una finca situada en la vera del camino que recorría Bonilla Vásquez. La misma concordaba con el ADN de la familia de la joven.

Fue entonces cuando el Organismo empezó a realizar entrevistas, perfiles y análisis de datos -incluida información confidencial- que lo llevaron a acercarse a la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para pedir un allanamiento en una vivienda, el cual se concretó la tarde del 29 de marzo. En la casa habitaba Sánchez Ureña, a quien en ese momento le fue incautado su vehículo.

Para aquella oportunidad, el Ministerio Público se limitó a indicar que el sujeto era sospechoso pero que en las diligencias no se encontraron indicios o evidencias importantes para la causa 20-000825-0058-PE.

Ocho días más tarde un peatón encontró la cédula de Bonilla Vásquez en un cafetal de Ujarrás de Paraíso.

El 1° de julio de 2020, el abogado Rodrigo Araya Solano ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que ya sabía quién había tomado a la joven. Incluso, en esa oportunidad aseveró que otras dos personas le ayudaron a la primera a perpetrar el crimen.

No obstante lo anterior fue hasta el 2 de setiembre de 2020 que la Policía Judicial y el Ministerio Público procedieron a realizar la captura de Sánchez Ureña.

El director general del Organismo, Wálter Espinoza Espinoza, explicó un día más tarde que el sospechoso era objeto de vigilancia y monitoreo toda vez que se estimaba que este podía regresar a algún sitio que permitiera dar con el paradero de la mujer; situación que no ocurrió. En esa oportunidad, el jefe policial también reveló que en el vehículo incautado se encontró sangre coincidente con el rastro que llevaba a la finca.

Sin embargo, se determinó que el sospechoso tenía previsto cambiar de domicilio, por lo que se procedió a su captura.

Una vez detenido el sujeto este confesó haber interceptado, violado y asesinado a la mujer cuando rindió declaración indagatoria, según lo dio a conocer Araya Solano el 4 de setiembre de 2020. Pero en un segundo momento procesal, 24 días más tarde, retiró lo dicho y alegó entonces que su versión inicial se dio en medio de presiones por parte de servidores judiciales.

A raíz de un reporte la Policía Judicial inició la búsqueda del cuerpo de Bonilla Vásquez en un botadero de basura clandestino en San Jerónimo de Cachí de Paraíso el 3 de setiembre de 2020, pero fue hasta 25 días después que se lograron ubicar huesos humanos y prendas que el 5 de octubre de 2020 se confirmó pertenecían a la joven.

El 10 de octubre de 2020, la madre de la joven llevó una cruz y arreglos florales hasta el lugar en el que se encontrar los restos óseos para despedir a Bonilla Vásquez. El funeral de la mujer se llevó a cabo 15 días más tarde.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 11:40 p.m. del 19 de julio de 2021.