Subsidio tarifario para tren eléctrico costaría entre ¢29.000 y ¢87.000 millones anuales al Estado

El subsidio que pactaría el Gobierno para permitir que las tarifas finales del tren eléctrico no asciendan por encima de los ¢600 tendrían un costo estimado de entre $50 millones (¢29.050 millones) y $150 millones (¢87.153 millones) anuales, según las estimaciones previas realizadas para el proyecto.

Así lo afirmaron este martes la primera dama, Claudia Dobles; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez; y la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Los jerarcas comparecieron ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, donde defendieron la importancia del crédito por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el aporte estatal en el diseño y la construcción del proyecto.

Según las autoridades de Gobierno, la inversión anual en el subsidio es alta, pero tendría mayores réditos económicos por el impacto de movilizar a más personas, de una forma más eficiente, para dinamizar la economía. Además, afirmaron que el aporte permitiría un mayor alcance del medio de transporte para las poblaciones más vulnerables, que son las que más dependen del transporte público.

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Al respecto, la primera dama, Claudia Dobles, señaló que la idea es que la tarifa sea accesible y “socialmente adecuada”, pues “al final del día (el tren) debería ser un servicio para todas las personas”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Incofer señaló que el costo del subsidio quedaría a expensas del presupuesto nacional, ante una consulta de la liberacionista Silvia Hernández; aunque Dobles agregó que “se está pensando en cómo generar recursos para el sistema por medio de otras iniciativas a través de otras modalidades”.

“Por ejemplo, nosotros ciertamente no tenemos las características de Hong Kong, pero esa es una de las poquísimas excepciones en el mundo donde el transporte ferroviario es prácticamente autosostenible con la tarifa, con la inyección del desarrollo inmobiliario”.

“Países vecinos como Panamá han tenido lecciones aprendidas importantes, que nosotros querríamos capitalizar, pues ellos no incorporaron desarrollo inmobiliario alrededor de las estaciones como un generador de ingresos y como una posibilidad de reducir el aporte del Estado a la operación".

Según la primera dama, la idea es incluir opciones de desarrollo que potencien al tren en sus más de 56 estaciones; de modo que su operación genere ventajas económicas directas e indirectas para sí mismo.

"Nosotros estamos potenciando eso y trabajando en una mesa multinivel que nos permita realizar una renovación urbana que nos permita renovar los usos de suelo, generar más desarrollo y capitalizar este activo y esta inversión que va a hacer el Gobierno, entendiendo que esa renovación y que el potencial desarrollo en esas estaciones puede generar recursos frescos para el sistema”, concluyó.

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¿$50 millones o $150 millones?

En medio de su comparecencia, las autoridades de Gobierno fueron consultadas por la amplia diferencia entre los $50 millones y los $150 millones previstos para el subsidio. Por ejemplo, el socialcristiano Erwen Masís afirmó que su voto dependerá en gran medida de ese tema y consultó sobre la precisión de los estudios de demanda que se han realizado.

Al respecto, Masís dijo que si existiera certeza de que el tren trasladará a 200.000 personas por día, lo lógico sería que el Gobierno asuma los riesgos de demanda, de modo que el grueso del subsidio tendría que quedar en manos de la empresa concesionaria y el costo de operaciones sería menor para el Estado.

Al respecto, la presidenta ejecutiva Briceño afirmó que los estudios de demanda son robustos y que el margen de $50 millones a $150 millones serviría únicamente como “una base de evaluación” para las propuestas de eventuales los oferentes, entre las que sería lógico privilegiar a aquellas que impliquen “un menor aporte estatal”.

Eso sí, Briceño aseguró que el Gobierno aspiraría por un modelo de “demanda compartida”, en el que el Gobierno y la empresa se repartan de la forma más equitativa posible los riesgos; aunque subrayó que primero se tendrá que “salir a escuchar al mercado”.

“Cartelariamente, nosotros tenemos que ir a escuchar al mercado en este proceso. Necesitamos ver las condiciones que dan las empresas. Efectivamente, puede ser que aquí se nos presente una oferta o un posible concesionario interesado con el aporte muchísimo más bajo, e incluso puede ser porque tenga un respaldo estatal, donde pueda tener créditos muy blandos porque el país quiere que saque adelante el proyecto”, comentó.

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Por su parte, el ministro Méndez enfatizó que el modelo de subsidios tarifarios es común cuando se realizan este tipo de obras.

“No ha habido una concesión en el país que no haya requerido un aporte del Estado, de las pocas que se han materializado todas han requerido un aporte y donde no se ha dado el aporte estamos enfrentando la queja de los usuarios, sobre la dimensión de la tarifa, y eso es lo que se está tratando de subsanar”.

Según el jerarca del MOPT, “Costa Rica es prácticamente el único país de América Latina que no tiene un subsidio a los servicios de transporte colectivo”.

El crédito y el tren

En total, el Gobierno estima que una inversión total de de $1.550 millones para concretar el tren, con alcance para toda la Gran Área Metropolitana (GAM). La inversión cubriría el diseño, la construcción, la implementación y los costos indirectos de la obra.

Según sus estudios técnicos de la obra, el tren tendría una capacidad de transportar a 200.000 personas por día en viajes de 600 pasajeros por turno, cada cinco minutos. Para ello, se planea la construcción de cinco líneas y 56 estaciones, diez de ellas con acceso a otros medios de transporte como buses y taxis.

Actualmente, la Asamblea Legislativa negocia un empréstit por $550 millones del Estado con el BCIE, el cual serviría para pagar un tercio de la obra, correspondiente al aporte estatal en la concesión del proyecto.

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El crédito genera división de opiniones en el Congreso y un grupo importante de diputados aún no toma una decisión final sobre el mismo, que requerirá el apoyo de al menos 38 congresistas para su aprobación.

Los legisladores afirman que no existen dudas sobre la necesidad del proyecto para mejorar la competitividad del país, pero dudan sobre las capacidades del estado para asumir los costos del crédito (con cinco años de gracia y 20 años plazo a partir del primer desembolso) y para asumir los posteriores costos de operación, incluido el subsidio tarifario.