Solicitud para destituir a Emilia Navas se discutirá el lunes en Corte Plena

Una solicitud que plantea la destitución de la fiscala general Emilia Navas Aparicio será discutida este 21 de junio en la Corte Plena.

Se trata de una petición de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) presentada dos días atrás, en la que se le pide a los magistrados valorar la continuidad de la jerarca del Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial, luego de que se inhibiera en el caso conocido como "Cochinilla".

Dicha norma establece:

"Siempre que se identifique una situación de conflicto de interés, deberán tomarse las medidas necesarias para resolverlo con el fin de evitar una afectación al interés público, a la buena gestión de los asuntos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, la confianza y credibilidad institucional, y prevenir conductas de corrupción de las personas judiciales.

"Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales al nivel del riesgo de afectación al interés público que implique la situación de conflicto de interés identificada, y conciliar, en la medida de lo posible, los intereses de la organización, el interés general y los intereses legítimos de los servidores judiciales.

Como posibles disposiciones para resolver conflictos de interés se detallan:

• Abstención del conocimiento del asunto específico, cuando se trate de una situación aislada o poco recurrente.
• Renuncia del funcionario al interés privado.
• Reorganización de los deberes y responsabilidades del servidor.
• Restricción a ciertos contenidos de información.
• Traslado a otro puesto.

En el caso de Navas Aparicio, su inhibitoria obedece a que 4 de los 32 imputados en el escándalo de supuesta corrupción con obras públicas son defendidos por su pareja, el penalista Francisco Campos Aguilar. Los encartados en cuestión son la propietaria de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como los empleados de la empresa Meco, Alejandro Bolaños Salazar (gerente general), Abel González Carballo (representante legal) y Alejandra Bonilla Guillén (trabajadora).

El pedido de la Asociación de Empleados Judiciales estará en el octavo lugar de la agenda de la Corte Plena el próximo 21 de junio, confirmó a este medio la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia. También se discutirán ese día un oficio de Navas Aparicio así como un informe de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.

La jerarca del Ministerio Público defendió el mismo 17 de junio que actuó conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés de la Fiscalía General y aplaudió la independencia de las actuaciones llevadas adelante por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Incluso aseguró se enteró de las pesquisas hasta el 14 de junio, cuando vio en las noticias los allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) así como varias compañías en apariencia beneficiadas con contratos de obras viales por los que pagaron sobornos. La causa penal hasta la fecha no ha sido conocida en la cúpula del órgano acusador del Estado.

La jerarca además se aferró a su cargo y negó que existan motivos por los cuales deba renunciar, ante la solicitud que le planteó la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz Mejías, así como los sindicatos de la Judicatura (Sindijud), de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y la Asociación Nacional de Criminalística (ANIC).

"Al país le interesa que Emilia Navas Aparicio siga al frente de la institución", llegó a declarar a los medios.

Lea: Al país le interesa que yo esté al frente de la Fiscalía, dice Emilia Navas ante pedido de renuncia

La abogada de 56 años fue designada jefa del Ministerio Público el 12 de marzo de 2018 y su nombramiento vence el próximo año.

A lo largo de su gestión como fiscala general, Navas Aparicio debió inhibirse de conocer ocho expedientes adicionales al del caso "Cochinilla". En seis de estos, la separación respondió a que Campos Aguilar participaba como interviniente en las investigaciones contra el grupo bursátil Aldesa, contra la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), contra la Ruta 27, una supuesta estafa en Alajuela además de dos pesquisas seguidas contra Importadora Monge. Las otras dos inhibitorias responden a que entre los encartados figuran un primo suyo y el familiar de una fiscala de su equipo de trabajo.

La jerarca del órgano acusador y el jurista litigante aparecen divorciados desde el 13 de setiembre de 2010 en el Sistema de Consultas Civiles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sin embargo, el 17 de junio, Navas Aparicio explicó que ambos retomaron su relación tras resolver algunas diferencias y que por lo tanto considera a Campos Aguilar su esposo.

Consultado al respecto el 16 de junio por AmeliaRueda.com, el penalista defendió: "Yo tengo 20 años de ser abogado de ambas empresas (Meco y H. Solís) y tengo 10 o 12 años de ser abogado de Aldesa. Porque Emilia sea fiscala general yo no voy a dejar a mis clientes botados".

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 4:45 p.m. del 19 de junio de 2021 con corrección en alcances del artículo 12 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial suministrado por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).