Piden al presidente Alvarado un veto parcial de nueva ley de acceso a información pública

El Colegio de Periodistas (Colper) solicitará a la Presidencia de la República el veto parcial de dos incisos contenidos en la nueva Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, aprobada en segundo debate por el Congreso el martes anterior.

Los incisos d, g y k, del artículo ocho de ese cuerpo legal señalan las limitaciones al acceso a la información pública, en un marco de investigación judicial o administrativa. Siendo así, se imposibilita por ley que medios de comunicación o ciudadanos en general puedan solicitar informaciones en ese sentido.

Así lo manifestó el abogado y presidente del Colper, Belisario Solano, la mañana de este viernes en el programa Nuestra Voz, argumentando que el país no puede retroceder en materia de transparencia y libertad de expresión.

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"Cuáles son los caminos remediales: solicitar al presidente de la República -Carlos Alvarado- que haga un veto parcial en esos tres incisos, si el Presidente no veta esos elementos y firma la ley, estaríamos solicitando a algunos diputados que inician el próximo domingo una ley sencilla, que se deroguen esos incisos para que la ley quede como debe ser", aseguró Solano.

El contenido de los párrafos que integran el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, impulsada por la diputada de Nueva República Carmen Chan, afectarían la labor de la prensa.

Artículo 8: Límites del derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública tiene como límites exclusivos, los siguientes:

• Inciso d): La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• Inciso g): Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
• Inciso k): Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas.

Abogados especialistas en derecho penal y constitucional coinciden en que esos textos comprometen la libertad de expresión, así como la transparencia en el acceso a información de interés público.

"El proyecto de ley sin duda es un avance en entrega de información, sin embargo, las limitaciones resultan totalmente desproporcionadas porque lo que se realiza es una limitación indebida a la libertad de prensa, por ejemplo en materia penal los juicios orales son controles sobre tribunales de justicia. Impedir que los medios puedan informar sobre eso es contradictorio", aseguró el jurista Ewald Acuña.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández, afirmó que categóricamente que esta ley viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

"Ese artículo 13 rige el principio de máxima divulgación de información de instituciones públicas, esto justamente es lo que debería regular nuestra ley, pero este nuevo proyecto excede esos incisos d y k imponiendo un límite de acceso sobre resoluciones e investigaciones judiciales y administrativas", declaró.

Ley para derogar incisos

La abogada Gloria Navas, quien a partir del próximo domingo será diputada de la República por el Partido Nueva República, aseguró que se compromete con el Colegio de Periodistas para presentar un proyecto de ley que permita la derogación de esos incisos del artículo 8, siempre y cuando no sean derogados antes por el presidente saliente Carlos Alvarado Quesada.

El nuevo cuerpo normativo de acceso a la información, busca precisamente que los plazos de entrega de informaciones se reduzcan hasta en 48 horas para instituciones públicas.

Actualmente, la ley estipula un máximo de diez días, en el contexto del cumplimiento del artículo 30 de la Constitución Política, que define el libre acceso ciudadano a las instituciones de gobierno.