Sindicatos médicos y de educación califican de "inconstitucional" reforma a empleo público

Sindicatos de actividades públicas médicas y educativas manifestaron su oposición al proyecto de reforma al empleo público que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa. Calificaron la iniciativa como un texto "inconstitucional".

Así lo expusieron representantes de la Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), de la Unión Médica Nacional y del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC); quienes comparecieron esta tarde ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

El asesor Manuel Hernández, en representación de Undeca y de Buscco, aseguró que el proyecto de ley busca someter a instituciones autónomas a una administración del empleo público centralizada en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) del Gobierno, lo cual consideró "una barrera constitucional infranqueable (...) salvo que se modifique la constitución política”.

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De manera similar opinaron Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, y Gilberth Díaz, secretario general del SEC; quienes agregaron que existe una total oposición al proyecto y sus intenciones de establecer una escala salarial única para todas las instituciones públicas, con excepción de las empresas en competencia.

El proyecto de reforma al empleo público entró en corriente legislativa desde abril de 2019; sin embargo, su trámite permaneció en pausa por varios meses y se reactivó tras la presentación de un texto sustitutivo, por parte del Poder Ejecutivo, en el que realizó algunas correcciones solicitadas por la oposición en el Congreso.

Parte del reclamo de los sindicatos también está en la redacción de este texto sustitutivo, para el que dicen nunca haber sido contactados para dialogar.

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Entre otras medidas, el proyecto ahora establece un salario global con leves variaciones, por conceptos como disponibilidad y peligrosidad; con el objetivo de promover una mayor atracción de talento humano y una mayor estabilidad en materia de remuneraciones para el erario público.

Según las estimaciones del Gobierno, el proyecto permitiría ahorrar 0,7 del PIB —unos ¢250.000 millones— anuales en la próxima década, a través del recambio de funcionarios viejos que vayan dejando sus puestos por trabajadores nuevos con salarios iniciales más atractivos, pero con crecimientos menos pronunciados.

'Intenciones regresivas'

El secretario general del SEC además afirmó que ve en el proyecto un texto con intenciones regresivas en materia de derechos laborales, que reduciría la participación sindical, la negociación colectiva y que dejaría la negociación salarial como "una decisión unilateral" del patrono.

Su posición fue expuesta en términos similares por los otros representantes sindicales.

En esa línea, afirman que Mideplan se convertiría en un "supraministerio" con "postestades exhorbitantes", en palabras del asesor de Buscco y Undeca.

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En la comparecencia también estuvieron presentes representantes sindicales de las cinco entidades del Poder Judicial. Ellos también mostraron disconformidades con el texto, afirmaron que incidiría sobre el funcionamiento del Poder Judicial a pesar de su autonomía (dejando cuestiones suyas en manos del Poder Ejecutivo) y agregaron que su discusión se dificulta aún más en un período de crisis como la pandemia del SARS-CoV-2.

"Nosotros determinamos que es necesaria una relación estatutaria con la finalidad de determinar que existe un patrón único, que es el Estado, pero que ello genere una protección a los derechos laborales y una autonomía a cada uno de los poderes que conforma el Estado democrático costarricense", afirmó Andrea González, del Sindicato de la Defensa Pública.