Vacío normativo permite a diputados usar dinero para combustible sin control alguno

Un vacío normativo le permite a los diputados de la Asamblea Legislativa consumir el dinero que se les deposita para consumir combustible sin controles de ningún tipo.

El plus del combustible legislativo es un beneficio de ley que data de 1993. Fue fijado por la propia Asamblea de aquel momento, en el artículo 5 de la Ley 7352 (de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa). Sin embargo, el texto no estableció controles y dejó la conceptualización de los recursos para "uso discrecional" de los legisladores.

Ese artículo 5 dice que los diputados "dispondrán de una cuota mensual de quinientos litros de combustible". No obstante, no previó mecanismos de revisión sobre su uso.

Según explicó el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, el depósito de esos recursos se lleva a la práctica actualmente a través de tarjetas similares a cualquier tarjeta de débito, las cuales se otorgan a nombre de los 57 legisladores para que reciban el equivalente mensual al precio de 500 litros de gasolina súper en colones.

Sin embargo, pese a que el dinero debería de usarse para gestiones meramente legislativas, según diversos criterios de la Procuraduría General de la República (PGR), no existe mecanismo legal alguno que le permita a la dirección parlamentaria llevar registro o constancia de ello.

La PGR ha dicho en reiteradas ocasiones que el dinero de combustible legislativo no es parte del salario de los diputados; es decir, ha subrayado que no es un monto que puedan reclamar como parte de su remuneración para realizar cualquier gasto o para calcular otros incentivos o pensiones.

La entidad sostiene, según escribió textualmente en su criterio C-021-2012, que el dinero es una “ayuda técnica y administrativa" y que esta debe estar "estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado y su necesidad de desplazarse, en razón de sus especiales funciones, a lugares alejados del recinto parlamentario”.

Algo similar reiteró en la opinión jurídica OJ-109 y el criterio C-280, ambos de 2015; en los cuales subrayó que la cuota debe destinarse a los diputados para el desarrollo de "sus giras o realizar los servicios de transporte que su cargo requiera", y que los legisladores entonces "no cuentan con la facultad de utilizar su cuota de gasolina para un fin distinto del cumplimiento de sus funciones".

Todo esto; sin embargo, no se vigila desde ninguna entidad.

La PGR indicó a este medio que los aspectos relacionados con el control de esta materia son "un asunto reservado al control y supervisión de la Hacienda Pública que le compete a la Contraloría General de la República"; sin embargo, la CGR indicó que no se referiría sobre el tema porque no se han emitido criterios al respecto y la materia más bien es de "control interno básico" de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, la administración del Congreso, representada en su Dirección Ejecutiva, sostiene que no posee ningún reglamento o legislación que le faculte realizar revisiones sobre el uso de los recursos y, menos aún, para aplicar castigos. "El uso es responsabilidad de cada diputado, la ley establece que es para el cumplimiento de sus funciones, pero yo no puedo poner un auditor en cada carro a revisar qué hace cada diputado con su combustible", comentó el director Ayales.

El Departamento de Asesoría Legal del Congreso, por su parte, recordó a AmeliaRueda.com que los diputados ni siquiera cuentan con un régimen sancionatorio aprobado para sí mismos, por lo que, al menos a nivel interno, es imposible desarrollar procesos investigativos sobre su uso de recursos públicos.

Así lo explicaron en un reciente informe enviado al directorio legislativo (AL-DALE-PRO-0273), en el que recordaron que aún no se promulga una ley para definir y castigar actuaciones de legisladores en contra de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Además, pese a que recientemente se incluyó en la Constitución Política la posibilidad de destituir diputados por operativizar esos casos.

Según explicó Ayales, las tarjetas para uso de combustible sí dejan un registro sobre su uso; sin embargo, añadió que este únicamente sirve como "el estado de cuenta de cualquier tarjeta" y no como un mecanismo de evaluación sobre su uso.

Diputado por diputado

Una revisión hecha por AmeliaRueda.com determinó que —solo entre mayo de 2018 y febrero de 2021— los diputados utilizaron ¢440 millones de los ¢558 millones que se les depositó en sus "tarjetas de débito". Sin embargo, no existe mayor registro sobre el uso de ese dinero que las cifras generales de cada depósito y del saldo por cada diputado.

Según las cuentas del Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa, cada congresista ha recibido alrededor de ¢9,8 millones, con leves variaciones entre todos ellos, relacionadas con incapacidades o ausencias de labores que redujeron los montos que les fueron otorgados en algunos casos.

Un total de 27 diputados y diputadas consumieron más de un 90% del dinero que recibieron hasta febrero; 16 entre un 70% y un 90%; y otros ocho entre un 50% y un 70%. Solo seis legisladores consumieron menos del 50% de los recursos que se les depositó hasta febrero de este 2021.

El legislador que más combustible consumió hasta el período revisado fue el independiente Dragos Dolanescu; quien, hasta la fecha de corte de este trabajo, había consumido hasta un 99,9% del dinero que se incluyó su cuenta bancaria. Él indicó a AmeliaRueda.com que —desde su punto de vista— considera normal recibir y utilizar todos los recursos disponibles, tanto para labores propias como de sus asesores, como ocurriría con los viáticos que se entregan en "cualquier otro funcionario en otra institución".

"Si un ujier en San Carlos lo necesitan mandar a hacer un mandado del Ministerio de Educación, acá en las oficinas centrales, le van a dar chofer, le van a dar carro y le van a dar viáticos para ir y regresar; eso pasa y no es nada nuevo. Que se nos vea a nosotros como los malos de la película por esos 500 litros, si vos te ponés a analizar el impacto económico que eso realmente tiene en las cuentas del Estado eso es realmente ínfimo (...) En el caso mío, yo soy el que más gasta porque soy el que más anda por todo el país", comentó el legislador alajuelense.

Apenas un poco más abajo del diputado Dolanescu se ubican Melvin Núñez, Giovanni Gómez, Floria Segreda y Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN); Karine Niño, Silvia Hernández, Roberto Thompson, Daniel Ulate, Jorge Fonseca y Aida Montiel, de Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC); Erwen Masís, Shirley Díaz, Rodolfo Peña, Óscar Cascante, Pablo Abarca y María Vita Monge, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y la independiente Marulin Azofeifa.

Todos ellos consumieron más de un 95% o más del dinero utilizado.

Por el contrario, solo cinco diputados usaron menos de un 50% de los recursos: Carlos Ricardo Benavides, Ana Lucía Delgado, Wagner Jiménez y Yorleny León, del PLN; y Carolina Hidalgo, del PAC. De los cinco, Benavides renunció formalmente al uso de los recursos desde 2020; mientras que Jiménez e Hidalgo lo hicieron desde que iniciaron labores legislativas, en mayo de 2018.

Uno a uno: Las cuentas de combustible por diputado

¿Causas penales?

Pese a que los controles legislativos son inexistentes, sí existen investigaciones en curso a nivel penal sobre eventuales irregularidades en el uso de dinero para combustible legislativo.

El independiente Erick Rodríguez Steller, que ha utilizado hasta un 92% de los recursos, fue denunciado penalmente por —supuestamente— haber desviado recursos destinados al pago de combustible para gastos de sus asesores, informó Telenoticias en agosto del año pasado.

El Poder Judicial confirmó a AmeliaRueda.com que el legislador enfrenta dos investigaciones por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y reconocimiento ilegal de beneficios laborales, bajo los expedientes 20-000049-0033-PE y 20-000051-0033-PE (acumulado al primero).

El diputado niega que haya revendido el combustible a sus asesores y sostiene que, más allá de cualquier disputa suya, existe confusión sobre en qué sí está permitido utilizar los recursos y en qué no.

"Con el combustible hay una duda seria de si es salario en especie o ayuda técnica. La parte administrativa ha aclarado que es una ayuda técnica y no salario, pero si uno ve la ley se establece como parte de la remuneración del diputado. Debería de aclararse vía reglamentaria, porque de momento, a como está, es una discrecionalidad del diputado y gente maledicente lo que hace es tomar eso para tratar de deteriorar la imagen de los diputados, como se ha hecho hasta la fecha", afirmó.

Para modificar el beneficio que reciben los diputados, y la forma en que se fiscalizan los recursos, únicamente se tendría que aprobar una reforma legal en ese sentido. Eso dependería de los propios legisladores.

Representantes del Poder Ejecutivo y magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también disponen de carros y choferes para su uso discrecional; no obstante, estos poseen una mayor cantidad de controles y su uso está directamente ligado a la operación de vehículos del Estado; por ende, de operaciones oficialmente registradas.