Con sentencia constitucional, sepultan definitivamente al polémico premio deportivo 'Claudia Poll'

El premio nacional deportivo 'Claudia Poll', creado en 1997, por fin quedó sepultado para siempre, después de polémicas y disputas legales.

Su otorgamiento se había ideado en la Ley 7.703, de octubre de 1997, y establecía que brindaría hasta 100 salarios mínimos del puesto de Director del Servicio Civil, cada cuatro años, a deportistas que fueran condecorados internacionalmente con títulos o medallas en en juegos olímpicos, torneos o campeonatos mundiales.

La Sala Constitucional resolvió este 25 de noviembre que el texto de ley, derogado desde marzo de 2014, se votó y se pensó con problemas de procedimiento legislativo que implicarían su retroacción definitiva.

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"En consecuencia, se anula la Ley n°7703 del 14 de octubre de 1997 "Creación del Premio Nacional Deportivo Claudia Poll". De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de la norma citada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe", dicta la parte dispositiva de la sentencia 022766-20.

El premio nunca tuvo sustento económico alguno y se creó en 1997, poco después de que la nadadora costarricense Claudia Poll consiguió una medalla de oro en la categoría de 200 metros estilo libre de las olimpiadas de Atlanta 96.

El premio únicamente se otorgó cuatro veces: dos veces a Claudia Poll, en 2000 y 2010; una al atleta Nery Brenes (campeón mundial de los 400 metros planos), en 2012; y al nadador Jonathan Mauri, en 2018.

Mauri es el caso más recordado porque su victoria había sido en el Campeonato Mundial Masters de Natación de 2010; pero emprendió acciones legales contra el Estado después de que se le negara el reconocimiento.

Asimismo, cobró intereses y costes por daños y perjuicios, tras una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. En total, se le adjudicaron ¢243 millones.

En aquel entonces, el Ministerio de Cultura, que se encargaba de entregar el premio, tuvo que usar parte de su presupuesto para pintura y telecomunicaciones para cumplir con la obligación.

Un movimiento similar planteó la judoca Andrea Guillén, en 2019; sin embargo, ese procedimiento estaba pendiente de esta resolución constitucional.

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