Seguridad y Contraloría descartan vicio con certificación en compra de armas para Fuerza Pública

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Contraloría General de la República (CGR) descartaron que exista un vicio en un contrato para la entrega según demanda de pistolas nueve milímetros (mm) para la Fuerza Pública, en apariencia por carecer de una certificación establecida como requisito en el cartel de licitación.

La supuesta nulidad tiene que ver con que las armas ofertadas, marca Sig Sauer, modelo P320-M17, incumplen con la norma Standard 0112.03 para policía del Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; y fue la propia cartera la que identificó el presunto vicio al ejecutar un contrato firmado con el consorcio lnglesini y Compañía y Electromecánica Pablo Murillo.

En vista de su hallazgo, el ministro del ramo, Michael Soto Rojas, dictó una medida cautelar el 3 de junio pasado, con la que frenó el desarrollo del pacto y ordenó la apertura de un procedimiento administrativo cuyo órgano director -integrado por tres funcionarios de la Asesoría Jurídica- recomendaron al jerarca solicitar un dictamen al ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, a fin de determinar la procedencia o no de la nulidad.

Como resultado de esa sugerencia, el titular remitió el 11 de septiembre el oficio MSP-DM-1646-2020 en el que pide a la Contraloría un criterio "preceptivo y vinculante", al cual dio respuesta la División Jurídica el 9 de noviembre, mediante el dictamen DJ-1653-2020, firmado por el gerente Jaínse Marín Jiménez.

"Esta Contraloría General considera que no estamos ante un vicio que pueda ser calificado como evidente y manifiesto, lo cual impide la eventual declaratoria de nulidad del derecho subjetivo que nos ocupa en vía administrativa y, en ese tanto, no se otorga el dictamen favorable solicitado", se lee en el documento, del cual AmeliaRueda.com tiene copia.

Lo anterior luego de que el 22 de octubre se remitiera al órgano auxiliar del Congreso "para mejor resolver" un documento suscrito por los representantes legales de las empresas integrantes del consorcio, Aldo Inglesini Zeledón y Pablo Murillo Cordero, que refiere al estándar DOT&E; así como el memorial MSP-DGA/OT-687-2020, en el que el director general de Armamento, Bill Demitri Solís Porras, llega a la conclusión de que "el arma ofertada (la Sig Sauer P320-M17) ha superado, desde el punto de vista técnico, pruebas ampliamente superiores a las establecidas en la norma NIJ Standard 01112.03".

Al descartar el vicio, la División Jurídica de la Contraloría le señala al Ministerio que le corresponde a este establecer si las armas cumplen o no a cabalidad con los requerimientos establecidos en el cartel.

Este medio consultó al respecto al viceministro administrativo de Seguridad Pública, Rándall Vega Blanco, quien explicó que tanto el criterio jurídico como la información del contratista y el dictamen de la Dirección General de Armamento fueron remitidos a la Asesoría Jurídica para que esta emitiera una posición definitiva.

"Ahí se llegó a la conclusión de que no hay nulidad. O sea, comparte la posición de la Contraloría General. En ese momento se dicta un acto del jerarca, que es una resolución en donde se deja sin efecto la medida cautelar que se había dictado contra el contratista y entonces se notifica al consorcio de que no hay nulidad y de tal forma que el proceso puede seguir. En este momento ya tenemos un contrato de armas bajo la modalidad de entrega según demanda activo", indicó el funcionario.

Ahora será cuestión de que la cartera realice inyecciones, de acuerdo con sus capacidades presupuestarias y necesidades, para la compra de las pistolas.

Este es el segundo intento que realiza el Ministerio de adquirir armamento para sus oficiales ya que, el 18 de julio de 2018 solicitó a la Contraloría una autorización para realizar una contratación directa de 2.000 pistolas Beretta 92FS, tipo M9A1; la cual les fue denegada mes y medio después. En su lugar, el ente auxiliar de la Asamblea avaló una contratación directa concursada, lo que obligaba a la cartera a buscar a potenciales proveedores para que compitieran. Dicho trámite se concretó el 26 de julio de 2019, cuando la administración publicó el concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop); no obstante, ninguna de las compañías cumplió con los requisitos y, por ende, debió declararse desierto el procedimiento.

Para finales de ese año, Soto adelantó al sitio de noticias El Observador que la institución cambiaría de modalidad y buscaría en 2020 un contrato de ejecución según demanda, con el objetivo de renovar el armamento con el que cuenta la policía.