El Ministerio de Trabajo reporta que 311 empresas del sector comercio ya solicitaron reducir las jornadas laborales de sus trabajadores; mientras que 552 empresas solicitaron suspensiones de contratos.
01/04/20 | 09:42am
El recorte de personal es la principal medida que proyectan empresarios si la contracción económica provocada por el coronavirus se prolonga o empeora durante las próximas cuatro semanas.
Así lo reveló un sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) entre 115 de sus mil empresas afiliadas, desde el 23 de marzo anterior. El sondeo incluyó a todo tipo de negocios: mayoristas y minoristas.
Un 55 por ciento de los consultados proyecta despidos en sus compañías. Mientras tanto, un 18% además dijo que —de mantenerse la situación por cuatro semanas— también pensarían en suspender sus operaciones (temporalmente); mientras que un 11% incluso afirmó que podría cerrar sus operaciones.
“Una empresa muy grande puede sostener a sus trabajadores muchísimo más tiempo, tiene una solidez financiera que permite sostener la planilla sin ingresos, pero la realidad costarricense es otra. Si usted no factura un mes, la sensibilidad a la disminución de costos es altísima”, explicó el director ejecutivo de la Cámara, Alonso Elizondo, a AmeliaRueda.com.
Según la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), el panorama costarricense es muy delicado, pues su parque empresarial está plagado de pequeños y medianos negocios, muy sensibles a las reducciones de sus ingresos.
Desde el momento cuando se realizó la consulta, hace 8 días, las autoridades sanitarias del país han dicho que las medidas de prevención y aislamiento continuarán por varias semanas.
En este contexto, Elizondo subrayó que las expectativas son muy negativas. “Esa es la parte complicada para las empresas costarricenses, la poca solidez que tenemos”, subrayó.
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Hasta este 31 de marzo, el Ministerio de Trabajo ya recibió 475 solicitudes hechas por empresas para reducir las jornadas laborales de 12.075 de sus empleados. De estas solicitudes, 311 correspondían a empresas que se clasificaron como parte del sector comercio y contemplaban reducciones para 7.784 trabajadores.
El consumo se contrae
Aunado a la débil situación financiera de las empresas, Elizondo recordó que el mercado costarricense enfrenta un rezago en materia de comercio electrónico y que, como si eso fuera poco, el consumidor ya de por sí está conteniendo sus gastos, para realizar únicamente compras de primera necesidad.
“El comportamiento del consumidor ha sido completamente de guardar los ingresos que van quedando, y es lógico en una situación de expectativa tan negativa. Ahí, por más que usted tenga plataformas de comercio electrónico u otro montón de cosas, no hay nada que hacer”, comentó.
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En ese contexto, el representante afirmó que el aumento en los niveles de desempleo parece ser una consecuencia inevitable.
“Una crisis de este tipo nos agarró a todos desprevenidos y tiene un shock de oferta y demanda. El segundo shock afecta a las empresas, y eso inmediatamente repercute en el nivel de empleo. Eso no lo vamos a poder evitar”, concluyó.
En el sondeo realizado por la CCCR,un 80% de las empresas consultadas ya había reducido sus ventas y un 46% reportó que sus pérdidas ya superaban el 50% de sus ingresos normales.
Datos del Ministerio de Trabajo además indican que 832 empresas habían pedido la suspensión de 12.949 contratos, hasta este 30 de marzo pasado. De ellas, 311 empresas corresponden al sector comercio, con un impacto de 7.598 empleados.
Tomar medidas
En medio de la crisis, la Cámara de Comercio extendió una serie de recomedaciones al Gobierno para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Específicamente, el grupo generó una lista de posibles acciones, en conjunto con la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Entre las medidas propuestas, la entidades indicaron que el Gobierno podría establecer un fondo de apoyo para el sector privado, facilitar líneas de crédito y establecer moratorias para impuestos territoriales. Además, propusieron el establecimiento de moratorias crediticias para los negocios y la generación de subsidios estatales para los empleados que resulten afectados por la disminución o la anulación de sus jornadas.
Sobre las medidas tomadas hasta ahora, la Cámara se ha mostrado complacida con la mayoría de ellas. Sin embargo, criticó la idea de establecer un impuesto a los salarios, expuesta por el Ministerio de Hacienda en días recientes. "Es quitarle ingresos a familias que no están siendo afectadas, para trasladar solo una parte a otras familias a través de un sistema que se deja parte de los recursos", comentó Elizondo.
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