Salario de presidente tendrá que ser el más alto del sector público, establece reforma a empleo

El salario de la persona que ocupe el puesto de Presidente o Presidenta de la República tendrá que ser el más alto que se pague en toda la administración pública.

Así lo establece el inciso 'b' del artículo 30 del expediente 21.336, que se discute en la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Esta iniciativa incluye en su ámbito de aplicación a todo el aparato estatal, con excepción de entidades públicas no estatales y empresas estatales en competencia.

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Actualmente el salario presidencial es de ¢4,8 millones; no obstante, esta cifra quedaría sujeta a cambios en la nueva escala salarial que se imponga tras la aprobación de la ley.

Así lo explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante una consulta de AmeliaRueda.com.

"Ese es uno de los parámetros de los postulados de compensación. La única excepción a eso es las personas destacadas en el servicio exterior, a quienes se les ajustaría por paridad al poder adquisitivo de su remuneración, para que tengan estándares de ingresos con base en el país en el que están destacados".

"Se tiene que respetar este principio. Con esta excepción en la que se debe ajustar por paridad en poder adquisitivo de quienes estén destacados en cargos fuera de nuestro país, como parte de sus labores de servicio exterior; tienen que ajustarse todos los demás salarios a ese parámetro, sin importar el lugar en el que estén, ya sean Poderes de la República que tengan independencia o si son instituciones autónomas de grado 1, 2 o 3, así como el Gobierno Central y sus desconcentrados", explicó la jerarca.

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Controles viejos siguen

La ministra Garrido también explicó que los nuevos salarios se tendrían que ajustar a los parámetros incluidos desde 2018 en la Ley de Salarios de la Administración Pública, a través de reformas incluidas en la Ley 9.635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En esa reforma, popularmente conocida como la "reforma fiscal", se estableció que el techo máximo del salario presidencial sería de hasta 25 salarios base mensuales de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. En otras palabras, según la última actualización de la escala de sueldos, se impuso un un salario máximo de ¢7,2 millones para la figura del mandatario.

También se había establecido que el resto de remuneraciones en la función pública no podían superar los 15 salarios base mensuales de la misma categoría; es decir, ¢4,3 millones.

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El salario que recibe actualmente el presidente Carlos Alvarado es un 15% menor del que debería, pues se auto impuso dicha rebaja desde julio pasado como un esfuerzo simbólico en medio de la pandemia. Alvarado también ordenó dicha rebaja a su gabinete bajo el decreto ejecutivo 42519-H, a partir de agosto.

Un reciente estudio hecho por el periódico La Nación determinó que hasta 2.178 empleados del sector público reciben salarios más altos que el del presidente Carlos Alvarado, entre trabajadores de la salud (77%), todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, académicos y administrativos universitarios, representantes bancarios, trabajadores de empresas estatales y hasta alcaldes.

Con la nueva ley ya esto no pasaría. "La metodología de valoración del trabajo es la que se va a emplear para definir exactamente cuál es la remuneración de todas las personas servidoras públicas, desde el presidente hasta la persona servidora pública en el nivel de misceláneo, que sería la más baja de la administración. Tenemos definido el salario más bajo y el tope que establece el más alto, pero para saber exactamente cuál debe ser la remuneración de todas las demás personas se tiene que hacer el análisis de factores y de grados, según la metodología de valoración del trabajo que establece la ley y aplicando los postulados de compensación que también establece la ley, como que a igual trabajo igual salario en las mismas condiciones de eficiencia, que es vital y está en la Constitución para establecer equidad salarial para las mismas funciones", puntualizó Garrido.

La Dirección General del Servicio Civil (DGSC), como ente rector en la materia, es parte de los actores que aboga por el establecimiento máximo del salario presidencial, ante el nivel de responsabilidad de ese cargo.

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