Empleo público,Diputados,Asamblea Legislativa — Los diputados tendrán que discutir el proyecto en su fase final este 2021.

Salario global, salario escolar y convenciones: temas pendientes en reforma a empleo público

Decenas de mociones presentadas al proyecto de reforma al empleo público se empezarán a discutir en las próximas semanas dentro de la Comisión de Gobierno y Administración.

Josue Alfaro

12/01/21 | 16:47pm

Temas como el salario global en la administración pública y de qué manera incluirá a los funcionarios actuales, la forma en que debería realizarse el pago del "salario escolar", y si quedará o no prohibida la negociación de convenciones colectivas son parte de las principales discusiones pendientes, en medio del proyecto de reforma al empleo público, que los diputados tendrán sobre la mesa en las próximas semanas.

Los legisladores ya presentaron más de una centena de mociones al proyecto, según el recuento disponible hasta este martes por la tarde, y ahora corresponderá que las discutan en la comisión de Asuntos de Gobierno y Administración. Este foro ya dictaminó una primera versión del proyecto en noviembre pasado.

En cuanto al salario global, la reforma actualmente establece que todos los trabajadores tendrán que trasladarse al nuevo esquema salarial único, cuyas remuneraciones serían definidas por el Mideplan. No obstante, como parte de ese traslado, el texto permite la transición inmediata de aquellos funcionarios que actualmente reciben salarios inferiores a los que eventualmente se definirían para sus puestos, una medida que podría costarle hasta ¢32.000 millones al Estado, según el Gobierno.

Lea: Reforma a empleo público avanza a Plenario, diputados dictaminan proyecto

Por este motivo, hasta cuatro mociones distintas intentarían cerrar ese portillo, tres de los diputados David Gourzong y Silvia Hernández, del Partido de Liberación Nacional (PLN), y una adicional de la independiente Ivonne Acuña.

En otra orientación, una propuesta del diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), más bien lo mantendría.

Por otra parte, en cuanto al salario escolar, una moción de la diputada liberacionista Yorleny León pretende que este monto se divida entre los 12 meses del año y que se pague en las mismas condiciones que el resto de remuneraciones, dejando de lado para siempre el depósito adicional y sin retenciones que reciben los funcionarios públicos todos los meses de enero.

En cuanto a las convenciones colectivas, el portal legislativo da cuenta también de dos mociones que pretenden restringirlas. Una versión más fuerte la impulsa liberacionista Wagner Jiménez; mientras que otra, de corte más bien fiscalista, la propone el socialcristiano Abarca.

El liberacionista propone prohibir cualquier tipo de convención colectiva en las instituciones estatales que realizan gestión administrativa directa, incluidas las municipalidades, las universidades y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); mientras que el socialcristiano sí deja la puerta abierta para este tipo de convenios, siempre y cuando no impliquen cambios en remuneraciones o en asuntos que conlleven nuevas erogaciones o creaciones de plazas.

Lea: Reforma al empleo público incluirá a funcionarios actuales, aprueban diputados en comisión

¿Congelar salarios?

Pablo Abarca, del PUSC, también propuso en una de sus mociones la posibilidad de congelar los salarios del sector público de forma indefinida, cuando la deuda pública del país supere el 60% del PIB, como ocurre en este momento. Su moción propone esta posibilidad pata todos los salarios públicos "sin distinción del monto de estos", los cuales incluso quedarían excluidos de incrementos salariales por concepto de costo de vida.

La liberacionista Silvia Hernández además pide agregar una indicación en el artículo 34, de modo que los salarios públicos únicamente puedan aumentar por costo de vida.

Entre los cambios propuestos, también está una serie de reformas impulsadas por el liberacionista Gourzong, con el objetivo de trasladar las facultades que actualmente se designan al Mideplan a la Dirección General del Servicio Civil. Gourzong, que es parte de la comisión de Gobierno y Administración, presentó varias propuestas en esa vía, pues, según adelantó, el cambio es casi vital para que apruebe o rechace finalmente la iniciativa.

Otra propuesta la realizan las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez y Laura Guido, quienes pondrán sobre la mesa la posibilidad de que las entidades públicas apliquen parámetros de paridad de género en el nombramiento de sus puestos de alta dirección.

El proyecto de empleo público fue dictaminado en noviembre de 2020 y, desde entonces, entró en su última fase legislativa: la presentación de mociones por parte del pleno de 57 congresistas. Estas enmiendas las podrán defender primero en comisión y luego en el Plenario legislativo, si se rechazan en el foro.

El Congreso enfrenta el reto de encontrar una redacción de acuerdo mayoritaria, pues la iniciativa de ley requerirá de al menos 38 votos para su aprobación (si el Poder Judicial reitera que influye sobre su funcionamiento). Al respecto, la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, afirmó a AmeliaRueda.com confiar en que las negociaciones legislativas permitan alcanzar una redacción satisfactoria para el grueso de los congresistas y que el Gobierno intentará mostrar su mayor disposición en aspectos particularmente técnicos que se le consulten o que deba aclarar en cualquier momento.

Según ha reiterado el Gobierno, especialmente el presidente Carlos Alvarado, la reforma es esencial para mejorar la calidad del empleo en el sector público y ordenar las finanzas estatales; así como para alcanzar el acuerdo de financiamiento y estabilidad económica que actualmente se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Todo sobre el proyecto: