Ordenan a Justicia habilitar 400 espacios en San Sebastián para descongestionar celdas del OIJ

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) utilizar cerca de 400 espacios disponibles en Centro de Atención Institucional (CAI) San José como medida extraordinaria y temporal para descongestionar las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta decisión fue tomada la tarde de este lunes por el tribunal en la sentencia 2021-022207, en la que se resolvió un recurso de habeas corpus -figura que garantiza la libertad de una persona y la protege de una detención ilegítima- presentado por el director general de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, a favor de un grupo de privados de libertad cuyos derechos fundamentales se vieron vulnerados a causa de la crisis carcelaria.

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Del fallo se desprende que la cartera, de forma inmediata, debe iniciar el traslado de reos situados en las cárceles judiciales que se encuentren en una situación contraria a la jurisprudencia constitucional (que sobrepasen las 72 horas de permanencia) a algún centro penal, incluida la cárcel conocida como San Sebastián.

Al proceder con dicha disposición, Justicia deberá acatar los siguientes parámetros mínimos:

1. Coordinar con el Ministerio de Salud para que el derecho a la salud le sea resguardado a los privadas de libertad.
2. Trasladar a los reos únicamente a lugares destinados a su alojamiento, no en áreas comunes.
3. Respetar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y la normativa referida a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, entre ellas limitar el hacinamiento en las cárceles y garantizar la separación de personas según su situación jurídica, edad y género.
4. Dictar las medidas para que el centro penitenciario conocido como Terrazas entre en funcionamiento en un plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, detalló que esta solución extraordinaria dictada por la Sala procede mientras se mantenga la crisis carcelaria en las celdas de tránsito del Organismo de Investigación, en las cuales hay más de 300 personas en condiciones “infrahumanas”, según manifestó el director de ese cuerpo policial.

"La Sala Constitucional entiende que se está ante una situación extraordinaria, que demanda de este tribunal una medida extraordinaria que garantice a los privados de libertad su dignidad humana, y a la sociedad costarricense la seguridad ciudadana con criterios de eficacia y eficiencia, todo dentro de un marco de un Estado social y democrático de Derecho", manifestó el magistrado.

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Por su parte, la alta jueza Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto al considerar que no procede habilitar en el habeas corpus unos espacios convivenciales que están siendo objeto de análisis por parte del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, quien se pronunciará, según se ha informado, el próximo 6 de octubre.

La magistrada declaró con lugar el recurso respecto de la ubicación de los privados de libertad aquí amparados, pero ordenó a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, que para reubicarlos de forma inmediata valore y autorice otros espacios carcelarios disponibles como, por ejemplo, los Centros de Atención Semi Institucional.

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Según Garro Vargas, la permanencia en esos centros será por un plazo máximo de dos meses mientras se toman las medidas administrativas que correspondan para se ponga en funcionamiento el Centro Penitenciario Institucional Terrazas, tal como por unanimidad la Sala ordenó.

Es decir, respecto de la urgente habilitación de este centro penitenciario coincide con el pleno.