​Sala I tarda hasta 2,5 años en resolver casos: mora es "preocupante", dice informe

Es "preocupante" el "embudo" que se detecta en los casos de casación que resuelve la Sala I del Poder Judicial, concluye el informe del cuarto Estado de la Justicia, publicado este miércoles.

Desde que un recurso de casación se interpone hasta que se dicta sentencia, tomando por ejemplo aquellos que son admitidos, pueden pasar casi 1.000 días. En concreto, según una muestra de 137 casos entre 2018 y 2020, todo este proceso puede tardar 942 días, es decir, más de dos años y medio.

Según esa base de datos, la Sala I toma de media 466 días desde que se interpone un recurso y se rechaza; 753,4 días desde que se interpone un recurso y se emplaza a la parte contraria; 761,6 días desde que se interpone un recurso y se admite; y otros 180,7 días desde que se admite y se dicta sentencia.

Esto se suma a los 553 días de media que puede tardar el sistema judicial en dictar una sentencia en primera instancia, es decir, en dar una resolución que abra las puertas a que se interponga un recurso de casación. Si se suman esos días a los que dura la Sala I en dictar sentencia, se superan los cuatro años de proceso.

En el Tribunal de Casación los tiempos de espera son aún más extensos: se dura 429,9 días en rechazar un recurso desde que se interpone; 769,2 días si se emplaza a la contraparte; 777,9 días si el recurso se admite; y 206,1 días desde que se admite y se dicta sentencia. Es decir, puede durar hasta 2,7 años (984 días).

Procesos contenciosos

Todo esto se suma a otro problema: los procesos contencioso-administrativos no están dando la talla. Ahí también se detecta una importante lentitud en la resolución de casos, lo que destapa un problema de eficacia relacionado con decisiones que se han tomado en años recientes sobre este tipo de casos.

Por ejemplo, la Sala Constitucional decidió trasladar hacia la sede del Tribunal Contencioso todos los amparos de legalidad, mientras que resoluciones de la Sala I atribuyen a este tribunal "funciones no previstas en la legislación, sin que por ello se haya asignado más recursos a dicha jurisdicción", lee el informe.

"Esto evidencia que cambiar el Código Procesal Contencioso-Administrativo, o cualquier código procesal, no es suficiente para alcanzar mejoras sustantivas", afirma Aldo Milano, investigador del capítulo sobre este tema en el cuarto informe del Estado de la Justicia.

"Para que el Poder Judicial alcance mejoras sustantivas es necesario que sus autoridades, al proponer reformas y durante su respectiva implementación, consideren factores como la infraestructura disponible y los modelos de gestión y de cultura organizacional", dice el documento.

Inteligencia artificial

El informe del Estado de la Justicia recomienda que el Poder Judicial implemente la inteligencia artificial "para facilitar la resolución de casos, así como la capacitación y especialización del personal".

La tecnología también puede ayudar a que los procesos contenciosos se descentralicen, por ejemplo, mediante videollamadas desde otros circuitos judiciales. Asimismo, se propone la introducción de reformas legales "para mejorar la seguridad jurídica de las personas usuarias y acortar la duración de los procedimientos".

Sería útil que el sistema judicial monitorice con precisión los tiempos de resolución de los casos y que los compare con los índices aceptados a nivel internacional.