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Rolando Araya

Rolando Araya evita pronunciarse sobre detención de su hermano Johnny

​Partido Costa Rica Justa señaló en un comunicado que ninguno de los alcaldes detenidos tiene relación con la agrupación o la campaña

15/11/21 | 13:53pm

Rolando Araya Monge, candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa (PCRJ), ha declinado hasta el momento emitir algún criterio tras la detención de su hermano, Johnny Araya Monge, por parte de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras allanar su vivienda este lunes y relacionarlo con supuestos actos de corrupción que se investigan en el caso conocido como “Diamante”.

Tras seis horas de los allanamientos, la agrupación envió un comunicado de prensa a las 12:32 del mediodía, pero sin incluir ninguna declaración del su candidato.

“Nuestro partido no tiene participación con regidores, alcaldes o vicealcaldes en ninguna municipalidad del país. Ninguna de las personas arrestadas forma parte de nuestra campaña o partido. Concretamente, en el caso del señor alcalde de San José, Johnny Araya, no ha participado, ni participa en la campaña o estructura del partido Costa Rica Justa. Nuestro partido cree y defiende la independencia judicial y la honorabilidad de los administradores de la justicia del país”, indicó el comunicado oficial.

A pesar de nuestra insistencia para obtener una reacción del candidato, por medio de su encargado de prensa, se indicó que “solo tenemos el comunicado que enviamos. Esperamos poder canalizar una reacción en el transcurso de la tarde”.

Rolando Araya, tampoco respondió los mensajes a su número celular, ni las llamadas.

¿Qué es el caso diamante?

Este lunes se realizaron 40 allanamientos en 84 distintas oficinas de los sitios allanados donde se incluyen los municipios involucrados, oficinas de empresas y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Además se produjo la detención de, al menos, 11 personas, entre ellos los alcaldes de San José, Johnny Araya; de Cartago, Mario Redondo; de San Carlos, Alfredo Córdoba; de Osa, Alberto Cole; de Alajuela, Humberto Soto y de Escazú, Arnoldo Barahona.

De acuerdo con la investigación judicial, los alcaldes y otros funcionarios municipales tenían un trato preferencial con la empresa MECO y le facilitaban los contratos de obra vial, además se encargaban de agilizar los pagos. A cambio, los encargados de la empresa entregaban dádivas como dinero en efectivo, vehículos, arreglos en viviendas y actividades dentro de las instituciones.

Los detalles de este caso los dieron a conocer en conferencia de presa el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, Glen Calvo, y el director general del OIJ, Walter Espinoza.

Al menos 15 proyectos viales de estas municipalidades se encuentran en investigación y se realiza un estudio económico para cuantificar los daños ocasionados por este caso de supuesto corrupción.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, la investigación inició en abril del 2019 y concluyó en agosto anterior, el caso "Diamante" es independiente al caso Cochinilla; sin embargo, involucra a personeros de MECO en ambos casos, entre ellos, el dueño de la empresa y hoy detenido, Carlos Cerdas.

El modo de operar del "grupo criminal" tenía también independencia en cada municipalidad, pero el mecanismo es el mismo, encargado de la empresa constructora contactaban directamente al alcalde señalado y funcionarios encargados de las obras viales y tras la entrega de dádivas lograban un trato preferencial en los procesos de licitación, pagos adelantados, inicio anticipado de obras, facilidades irregulares que les daban ventaja ante el resto de empresas.

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