Revivir minería a cielo abierto sería “altamente destructivo”, dice Escuela de Biología de UCR

Reactivar la minería a cielo abierto en Costa Rica sería “altamente destructivo” para los ecosistemas y causaría daños “difíciles” de recuperar, según la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Al menos tres proyectos de ley —uno del Partido Liberación Nacional (PLN), otro del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y otro de varios partidos— buscarían revivir la minería a cielo abierto en el país, tras su prohibición legal en 2011.

Los científicos de la UCR, sin embargo, se pronunciaron en contra de esto el pasado 11 de noviembre durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se conoció el expediente 21.584 propuesto por diputados del PLN.

“(La minería a cielo abierto), al igual que la pesca de arrastre, implica una serie de acciones de muy alto impacto ambiental, altamente destructivas. Sus efectos en los ecosistemas son amplios y de difícil recuperación”, dijo el director de la Escuela de Biología, Daniel Briceño, durante la comparecencia.

Entre los tres proyecto de ley sobre minería a cielo abierto en la corriente legislativa, el del PLN “es uno de los peores”, dijo a Ameliarueda.com el investigador de la Escuela de Biología, Jorge Lobo, quien también compareció ante los diputados.

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“El expediente que se conoció en la Comisión de Sociales es uno de los peores (sobre minería a cielo abierto) porque abre la minería de todo tipo para todo el país”, indicó el científico de la UCR.

Una publicación de AmeliaRueda.com reveló que las exfiguras del PLN, Rolando Araya, Wáter Coto y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, también impulsaron su propia propuesta sobre minería a cielo abierto y buscarían llevarla al Congreso.

En contraste, el expediente 22.007 —propuesto por diputados independientes, del PUSC y del PLN— permitiría la explotación minera a cielo abierto pero solamente en la localidad de Crucitas, en San Carlos.

Por su parte, el expediente 21.782, propuesto por la diputada del PUSC, María Inés Solís, también permitiría la explotación minera a cielo abierto sin restringir una localidad específica.

Impacto ambiental

Costa Rica ya ha tenido minería a cielo abierto, aunque no es un país de tradición minera, según un informe de la UCR realizado en 2009 sobre el caso de Crucitas. En las experiencias nacionales, según Lobo, siempre hubo impacto ambiental.

La mina Macacona, por ejemplo, fue la primera en operar en el país en los años ochenta. Esta usaba una técnica llamada lixiviación, la cual consiste en mezclar sustancias como el cianuro y mercurio para extraer oro.

Pero, tras 9 años de operación, la transnacional Hearned Limited, abandonó la mina. Detrás, dejó un impacto típico de este tipo de actividad, según Lobo: aguas cianuradas, deforestación de bosque y un impacto duradero al ecosistema.

“El gran problema que tiene la gente que tiene (la minería a cielo abierto) es que una buena parte de los supuestos yacimientos están bajo cobertura forestal o en áreas protegidas”, aseguró el investigador.

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Los proyectos en discusión, sin embargo, dejan por fuera algunas categorías de protección forestal. El proyecto del PLN, por ejemplo, prohíbe la minería en parques nacionales y reservas biológicas, pero no en corredores biológicos.

La actividad minera en áreas silvestres protegidas está prohibida en el código de minería, pero, al no quedar expresamente prohibido en el proyecto de ley, esto podría permitirse con declaratorias de interés nacional, según dijo Lobo.

Esto es exactamente lo que sucedió con el proyecto de Crucitas, donde la administración Arias decretó el proyecto de “conveniencia nacional”, lo cual permitía la tala de bosque. Esto llevó a una investigación judicial por prevaricato.

Falsas compensaciones

Para disminuir el impacto de la tala del bosque, los proyectos mineros buscan “compensar” esto con la reforestación de otros sectores, según explicó Lobo. No obstante, esta es “una fórmula injusta”.

El principal problema es que la biodiversidad que habita una plantación forestal es diferente a la que habita un bosque más viejo, dijo el científico. Hay árboles nativos, por ejemplo, que tardarían muchos años en reaparecer.

La biodiversidad que depende de estas especies, por lo tanto se ve afectada de manera inmediata. Esto, según indicó, es lo que sucedía en el proyecto minero en Crucitas.

“Un ecosistema de bosque es algo que evoluciona naturalmente. Si nosotros comenzamos a cortarlos para sembrar en otro lado, estamos haciendo un recambio que no es equivalente”, explicó Lobo.

La ministra de Ambiente, Andrea Meza, señaló en su comparecencia que otra falsa compensación sería la minería ilegal. “Legalizando la minería no es que vamos a eliminar la minería ilegal”, aseguró.

“Hay que regularizar muy bien toda la cadena de valor. Esto no es solo pensar en regularizar la extracción, esa es solo una parte. Tenemos una serie de complejidades asociadas a la trazabilidad de ese oro”, agregó la ministra.

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Minería artesanal

La reactivación de la minería se debería limitar a la actividad artesanal, según dijo Lobo, ya que esta tiene un menor peso en los ecosistemas. Aún así, debe estar bien vigilada por el estado, aseguró.

Tras la prohibición de la minería a cielo abierto en 2011, la zona de Crucitas permaneció con poca actividad hasta el año 2017, cuando experimentó la invasión de mineros ilegales.

Un informe de la Dirección de Geología y Minas publicado en enero de 2020 reveló que el área impactada es de 115 hectáreas y ha llevado a la afectación de por lo menos 35 cuerpos de agua en la zona.

Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó al arresto de 23 personas vinculadas con la exportación, a través del aeropuerto Juan Santamaría, de más de $60 millones en oro procedente de Crucitas y Corcovado.

Para Lobo, debido a esta actividad ilegal, los diputados “se dejaron llevar” por la opción de reactivar la minería a nivel industrial, la cual igual tendría un alto impacto ambiental.

El proyecto de ley del PLN, por ejemplo, permitiría un área de explotación de hasta 600 hectáreas de donde se podría extraer material. En contraste, el proyecto de Crucitas implicaba la extracción de roca en 55 hectáreas, con una profundidad de 60 metros.

“En realidad no existe la disyuntiva entre una minería legal técnica y ordenada o una minería artesanal y desordenada. Ambas actividades son muy perjudiciales para el ambiente”, dijo.