Recusan a cinco magistrados de Sala III por “resoluciones confusas” en audiencia de caso UPAD
La Fiscala General y abogados del presidente Alvarado como de otros involucrados presentaron la solicitud
16/06/20 | 22:01pm
Cinco magistrados de la Sala Tercera fueron recusados este 16 de junio en la audiencia que se llevó a cabo para resolver dos acciones procesales defectuosas presentadas por los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el caso de la creación de la Unidad de Análisis Presidencial (UPAD).
La audiencia inició de forma atropellada y con "resoluciones confusas", la cuales hicieron que inicialmente fuera recusado el presidente de la Sala de Casación, Jesús Ramírez.
El abogado John Brenes, representante de la exjefa de despacho del presidente, Felly Salas, pidió la recusación del magistrado Ramírez. El jurista explicó a AmeliaRueda.com que "al comenzar se hicieron resoluciones que confundieron mucho a todos los defensores, al Ministerio Público y a una abogada que representa una de las querellas. Eso contraría uno de los principios básicos, que es la idoneidad y capacidad de los jueces".
El fondo de esas resoluciones no fueron reveladas debido a que el proceso es privado, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
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Posterior a la recusación contra Ramírez, la fiscala general, Emilia Navas, pidió que también sean recusados los demás magistrados: Sandra Zúñiga, Gerardo Rubén, Alvaro Burgos y el suplente Jorge Desanti Henderson.
En la oficina de prensa de la Fiscalía General aseguraron que "por ser una vista que es privada, la jerarca no podrá informar detalle alguno de lo acontecido".
Ahora corresponderá realizar una nueva audiencia, con magistrados suplentes, quienes deberán escuchar a los magistrados recusados y finalmente decidir si los separan de la audiencia o rechazan la petición de recusarlos.
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Antecedentes
El expediente por el caso UPAD involucra al presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, el exasesor legal del mandatario, Luis Salazar y la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas.
En la causa también se investiga a los tres miembros del equipo de trabajo que analizaba datos a solicitud del presidente: Alejando Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos.
A ellos se les investiga por delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, los cuales están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.