Resolución pendiente sobre embargo obliga a suspender audiencia contra 16 altos funcionarios de CCSS

La audiencia preliminar en la que se decidirá si se ordena o no un juicio contra 16 exdirectivos y altos funcionarios de Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue suspendida porque el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública tiene pendiente la resolución de una medida cautelar de embargo preventivo.

Ante consulta de AmeliaRueda.com, las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público confirmaron la cancelación de la cita, que se preveía iniciara el 9 de agosto pasado y terminara 11 días después, como lo dio a conocer este medio.

El primero de los departamentos explicó que una de las obligaciones del Juzgado Penal en la audiencia preliminar es la de conocer el estado y la vigencia de disposiciones cautelares.

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Debido a que a la fecha no se cuenta con una resolución de alzada -o sea, de segunda instancia- en cuanto a la petición de embargo preventivo, la realización de la cita en esos términos supone limitaciones en la discusión y la imposibilidad de cumplir con la exigencia legal del órgano jurisdiccional de revisar las medidas cautelares aplicadas.

Esto "hubiera afectado el derecho de defensa de las partes sometidas a las disposiciones indicadas así como los intereses del Estado en su condición de víctima", reza la respuesta dada a AmeliaRueda.com.

Un mes atrás, el diario La Nación dio a conocer que el Juzgado Penal ordenó el 2 de julio un embargo preventivo de propiedades de seis de los funcionarios acusados de supuesta influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta, a raíz de una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR).

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Estas incluyen 12 fincas distribuidas en San José, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas, por un valor acumulado de ¢410 millones, reveló el periódico. Las mismas pertenecen a los exgerentes Iván Guardia Rodríguez y José Alberto Acuña Ulate así como otros de apellidos González Castillo, Montoya Murillo, Hernández Chacón y Chaves Muñoz

Las disposiciones pretendidas por la Abogacía del Estado fueron apeladas, por lo que el Tribunal Penal programó una vista oral para conocer los recursos antes de la audiencia preliminar, pero la misma debió dejarse sin efecto por motivos que no fueron precisados por la oficina de prensa de la Corte.

Consultado por este medio, el exjuez y abogado, Ewald Acuña Blanco, explicó que un embargo preventivo tiene como objetivo "asegurar que en caso de resultar una persona condenada, los bienes no hayan podido ser distraídos". Esta medida cautelar es de carácter real y se encuentra regulada en el artículo 263 del Código Procesal Penal.

Aumentos irregulares

De momento, está pendiente de que se programe la nueva fecha de la audiencia preliminar en la que se conocerán los detalles de una acusación presentada el 13 de marzo de 2020 por a Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), por supuesta influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta, presuntamente ocurridos entre 2006 y 2010.

Entre los encartados sobresalen el presidente ejecutivo de la Caja en el periodo en cuestión, Eduardo Doryan Garrón; los exgerentes Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, Iván Guardia Rodríguez y José Alberto Acuña Ulate; así como el actual gerente financiero, Gustavo Picado Chacón.

La lista la completan otras personas de apellidos López Vargas, Montoya Murillo, González Castillo, Vega Rojas, Hernández Chacón, Quesada Martínez, Madrigal Mora, Cabezas Solera, Chaves Muñoz y Trejos Lobo; indicó a AmeliaRueda.com el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.

Esta pieza acusatoria se fundamenta en supuestas anomalías en la aprobación de una Política Salarial -que provocó un incremento en las remuneraciones y cesantías de los funcionarios de la institución encargada de la seguridad social- que había sido dada a conocer por el fiscal adjunto de Probidad, Glen Calvo Céspedes, el 20 de marzo de 2019.

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A pesar de que la acusación fue anunciada hace más de dos años, esta tomó poco menos de un año en ser formalmente remitida al Juzgado Penal debido a un peritaje de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), con el que se estimaron en ¢210.279 millones los daños sociales ocasionados por los incrementos.

También se calcularon otros ¢7.895 millones en daños sociales por la venta de títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según lo dio a conocer este medio el 3 de setiembre pasado.

Con ese estudio, que estuvo a cargo de un perito actuario matemático, la oficina anticorrupción del abogado del Estado se sumó a la causa 12-000046-615-PE en calidad de víctima, para reclamar un total de ¢218.174 millones.

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La investigación se inició en 2012, a partir de una denuncia presentada por Daniel Muñoz Corea, quien laboró como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial de la institución entre 2007 y 2012. De acuerdo con el diario La Nación, el denunciante atribuyó la crisis de liquidez que enfrentaba la Caja en 2008 a un "maquillaje" de datos salariales, supuestamente realizado por altos mandos.

Esa información, falseada en apariencia, se incluyó en un proyecto de Política Salarial que aprobó la Junta Directiva en un fecha no especificada por la publicación. Como parte de esa iniciativa, se acordó romper el tope de la cesantía, al pasarla de 12 a 20 años.

Según el rotativo, Muñoz Corea alegó en ese entonces que el plan se efectuó al margen de la valoración anual del estudio actuarial del Seguro de Salud y con proyecciones financieras modificadas de ese seguro al 2025. "Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios", dijo el denunciante al periódico.

La queja además señala que la crisis desencadenada por la decisión contagió el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ya que este adquirió títulos valores al Seguro de Enfermedad y Maternidad, sin contar con un estudio técnico que lo respaldara. El exjefe del Área de Investigación Económica indicó que esa compra fue ordenada por el Comité de Inversiones del primero de los regímenes para solventar los problemas de liquidez del segundo.