Renuncia Luis Salazar, asesor de Presidencia que trabajó en decreto para crear la UPAD

El abogado Luis Salazar Muñoz, asesor legal de Casa Presidencial que laboró en la creación del decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), renunció a su cargo.

Así consta en una carta que envió este jueves 27 de febrero al presidente de la República, Carlos Alvarado.

"Mi conciencia me dicta que lo correcto es dar hoy un paso al lado, teniendo la plena convicción de que mi trabajo fue asumido con la mayor vocación de servicio a mi país y habiendo entregado lo mejor de mí", dice la misiva enviada al mandatario, la cual también fue confirmada por Presidencia.

Salazar, quien además ocupaba el cargo de comisionado LGBT, fue quien estuvo con el tema del decreto en la parte jurídica, según indicó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, en una conferencia de prensa el 24 de febrero. Él es señalado por el "error" en la redacción artículo 7 del decreto, el cual establecía que se le podrá facilitar a la UPAD “información de carácter confidencial con la que cuentan instituciones públicas”.

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El asesor presidencial también figura como imputado en la investigación que tiene a cargo la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Aparte de Salazar, el Ministerio Público investiga al presidente Alvarado, al ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el viceministro de Planificación, Daniel Soto; a los tres asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; y a otro funcionario de apellidos Salas Hernández.

Según detalló la Fiscalía, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

"Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto".

"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó el Ministerio Público, a través de su oficina de prensa.