Renuncia Camilo Saldarriaga, principal asesor del Presidente, tras vinculo en caso de corrupción
El despacho del economista de 29 años en la Casa Presidencial así como su casa en Montes de Oca fueron allanados este mismo lunes
14/06/21 | 16:21pm
El asesor Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, uno de los consejeros más cercanos al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, renunció este 14 de junio luego de su aparente participación en una red cinco empresas constructoras y funcionarios del Estado, para favorecer esas compañías en contratos de conservación y mantenimiento vial, a cambio de sobornos.
Su dimisión se dio por medio de una carta pública que emitió la tarde de este lunes, en la cual señala que "tiene la consciencia plenamente tranquila" y no ha cometido delito alguno.
"No tengo ni he tenido contacto con procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como CONAVI. Esto es algo absolutamente ordinario y legal en el marco de la administración pública.
Con el fin de asumir el proceso y demostrar mi plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, he presenta la renuncia a mi cargo a partir de hoy", dice la carta.
El economista de 29 años de edad es uno de los investigados en un escándalo destapado esta mañana por la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), en el que se persigue a 32 personas -19 funcionarios públicos y 13 particulares- por los presuntos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica en perjuicio del Estado.
De hecho, como parte de las diligencias, a Saldarriaga Jiménez le allanaron su casa de habitación en barrio Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca, así como su despacho en la Casa Presidencial, en Zapote, San José. En estos se le decomisaron su celular y computadoras personales.
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El Gobierno de la República incluso detalló que el operativo en su sede "se concentró en la oficina de un asesor de apellido Saldarriaga Jiménez, que por la naturaleza de sus funciones ha atendido temas de infraestructura y hacendarios". En ese lugar además se hicieron "respaldos informáticos", detalló el Ejecutivo en una nota de prensa. Dicha versión calza con la dada horas antes por el Ministerio Público, cuando este informó que la oficina allanada en la Casa Presidencial es usada por consejeros y no por miembros de los Supremos Poderes.
La relación entre Saldarriaga Jiménez y Alvarado Quesada se remonta a varios años atrás, toda vez que el economista fungió como asesor del ahora mandatario durante su gestión como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (2014-2016) así como ministro de Trabajo y Seguridad Social (2016-2017). También fue gerente de la campaña política del Partido Acción Ciudadana (PAC) en 2018 y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) entre 2012 y 2013.
Fuerte megaoperativo
Los allanamientos simultáneos arrancaron a las 7:00 a.m. en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.
Del total de diligencias, 14 se llevan a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Consejo de Transporte Público (CTP). En el operativo se pretende detener empleados públicos involucrados y empresarios.
Asimismo, se realizaron allanamientos en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).
El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.
Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.
Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.
El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. También precisó que además detenciones, en los operativos se pretende el decomiso de prueba documental para incorporar a la causa penal.
Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.
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