Renta global y nuevo impuesto a casas de lujo: Gobierno envía proyectos al Congreso

La aplicación de un nuevo sistema de renta global a partir de 2023, el rediseño del impuesto a las casas de lujo y la obligación a las empresas públicas del Estado para que realicen un aporte extraordinario del 30% de sus utilidades por los próximos cuatro años pasarán oficialmente a discusión de la Asamblea Legislativa.

El Gobierno de la República envió al Congreso, este viernes, los tres proyectos de ley; que fueron presentados como parte de las propuestas en busca de estabilidad económica que se negocian con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para encontrar un acuerdo de financiamiento por los próximos tres años.

En cuanto al rediseño del impuesto popularmente conocido como "impuesto a las casas de lujo", el texto enviado por el Ejecutivo pretende que el gravamen del 0,5% se cobre sobre aquellas casas "habitadas o no" con un valor superior a los 325 salarios base; es decir, ¢150 millones.

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Actualmente el impuesto se cobra sobre las viviendas con un costo superior a los ¢130 millones y únicamente deben tributar aquellas que son de uso estrictamente habitacional.

El proyecto define que 8.655 salarios base de la recaudación deberán ser destinados al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para "financiar los programas públicos dirigidos a la atención de asentamientos informales, erradicación de precarios; así como para la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema".

En cuanto al sistema de renta global —que fue acordado en la Mesa de Diálogo Multisectorial de finales de 2020— se pretende dejar atrás el sistema actual de corte "cedular", en el que las personas físicas y jurídicas pagan distintas tarifas de renta sobre sus utilidades, a un sistema de renta global que incorporaría "todas las rentas del contribuyente, independientemente de su origen (trabajo, capital o actividad empresarial)" en un mismo cobro.

Las rentas de capital (rendimientos de inversiones, alquileres, etc.) contribuirían con una tarifa general del 15%; mientras que personas físicas y jurídicas tendrían sus propias escalas, con una tasa máxima del 27,5%, y un ingreso mínimo deducible de ¢8,2 millones anuales, más otros créditos por relaciones familiares.

En el caso de las personas físicas, pagarían un 10% hasta los ¢5 millones, un 15% sobre el exceso de ¢5 millones y hasta ¢12 millones, un 20% sobre el exceso de ¢12 millones y hasta ¢19 millones, un 25% sobre el exceso de ¢19 millones y hasta ¢29 millones, y un 27,5% sobre el exceso de ese último monto.

En el caso de las personas jurídicas, se cobraría la tarifa máxima del 27,5% a las rentas superiores a ¢109 millones anuales; mientras que las menores pagarían un 5% hasta los ¢5,1 millones, un 10% sobre el exceso de ¢5,1 millones y hasta ¢7,7 millones, un 15% sobre el exceso de ¢7,7 millones y hasta ¢10,3 millones y un 20% sobre el exceso de ¢10,3 millones.

Por su parte, las micro y las pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podrían dejar de pagar el impuesto en su primer año de operación, pagar un 25% el segundo y un 50% el tercer año.

El Gobierno espera acceder a recursos por un 0,17% del PIB con el nuevo impuesto a las casas de lujo y a un 0,3% del PIB con el nuevo esquema de renta global, según estimaciones iniciales publicadas por el Ministerio de Hacienda en los últimos meses.

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Empresas estatales

Además de estos proyectos, el Gobierno también envió un texto que pretende cobrar un aporte extraordinario de hasta un 30% de sus utilidades a las empresas estatales por cuatro años.

La norma contemplaría a 14 entidades entre bancos, institutos y otros. Específicamente se mencionan:

• Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.
• Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.
• Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.
• Correos de Costa Rica S.A.
• Editorial Costa Rica.
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
• Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
• Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
• Junta de Protección Social (JPS).
• Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
• Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope).

Según dicta el proyecto, "el porcentaje que le corresponderá aportar a cada entidad será determinado anualmente mediante Decreto Ejecutivo firmado por quienes ocupen el puesto de la Presidencia de la República y Jerarca del Ministerio de Hacienda", de modo que se recaude al menos un 0.20% del Producto Interno Bruto (PIB) por esta vía.

Todas estas medidas se enmarcan en la negociación que Costa Rica trabaja actualmente con el FMI. El objetivo del país es acceder a $1.750 millones en tres años, al tiempo que empuja reformas para evitar la insostenibilidad fiscal de su deuda en el mediano plazo. Para ello, el país debe revertir al menos parte de su déficit fiscal primario (ingresos menos gastos sin contar intereses), un acumulado del 3,4% del PIB en 2020 que lo empujan a conseguir cada vez más endeudamiento en peores condiciones.

Los textos llegaron al Congreso con la firma del presidente Carlos Alvarado y de su ministro de Hacienda, Elian Villegas. Ahora arrancarán su camino legislativo.

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