Renta global en 2023 y con una tasa máxima empresarial de 27,5%; Mesa de Diálogo afina acuerdo

Aplicar un sistema de renta global, con una tasa máxima del 27,5% para el sector empresarial, está cerca de convertirse en un nuevo acuerdo de la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo.

El sistema de renta global busca unificar en una misma declaración de renta todas las ganancias de cada persona física o jurídica, de modo que pague una sola tasa sobre todos los recursos que genera anualmente, en lugar de distintas tasas por cada uno de sus ingresos.

La tasa máxima empresarial fue acordada por Gobierno y representantes del sector empresarial, según dijeron, tomando como referencia el techo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, podría ser menor.

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El presidente Carlos Alvarado rogó el acuerdo esta noche, ante los participantes del diálogo. A ellos les recordó que se trata de una propuesta de amplio consenso, pero que se ha planteado varias veces en las últimas décadas y que no ha logrado aplicarse.

"La renta global, según recuerdo, se ha planteado al menos unas cuatro o cinco veces en Costa Rica. En 2002, en 2010, en 2014, en 2018 y ahora; y en esos 18 años nunca se ha logrado materializar aunque ayuda en temas hacendarios, en progresividad, y ahora con la ventaja de que estaría aparejada con la aplicación de Hacienda Digital (nuevos sistemas tributarios) en el mismo año", afirmó.

El acuerdo llegó tras una negociación de última hora con el sector empresarial, que guardaba reservas sobre una primera propuesta que hizo el Gobierno.

En conjunto, establecieron una serie de limitaciones. Entre ellas, que la renta no globalice las utilidades pasivas en campos como intereses o capital inmobiliario (alquileres), entre otros. También acordó que se homologue el tratamiento de rentas salariales y de personas en el mercado informal, con la posibilidad de deducir gastos por créditos o inversiones médicas, algo que permitiría dar un trato igualitario a ambos grupos laborales y acercar recursos frescos al Estado.

Las empresas solicitaron un compromiso explícito para no aplicar, ni impulsar "renta mundial o ningún sistema de territorialidad ampliada", la cual permitiría cobrar a los contribuyentes impuestos sobre sus ganancias fuera del país.

Como la medida quedaría pendiente de tramitación legislativa, las partes pidieron recibir el borrador de proyecto de ley antes de que se presente al Congreso para evaluar que se cumplan los acuerdos.

El Gobierno indicó que estima un impacto de al menos un 0,1% de PIB con la medida: unos ¢35.000 millones anuales.

Esta fue la segunda gran decisión que tomaron los sectores este viernes, junto con el acuerdo para vender la cartera crediticia de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), con el fin de acceder a un 0,6% del PIB para el pago de deuda pública sin afectar la entidad.

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Diálogo para atender desequilibrio

Gobierno y sectores de la sociedad civil y el sector productivo trabajan actualmente en una Mesa de Diálogo Multisectorial, con el objetivo de buscar soluciones a la delicada situación financiera del país.

El Ejecutivo busca soluciones para enfrentar su desequilibrio entre gastos e ingresos, que este año cerraría en un 9,2% del PIB, del cual cuatro puntos porcentuales ni siquiera toman en cuenta el pago de intereses de la deuda adquirida hasta ahora. Ese desajuste ya era amplio antes de la pandemia del nuevo coronavirus, pero se ensanchó bruscamente con su llegada.

La situación es crítica porque Costa Rica ya acumula una deuda pública por orden del 70% del PIB y su costo aumenta con el paso del tiempo. Esto asfixia las ya de por sí insuficientes arcas públicas en un efecto "bola de nieve", que provoca una mayor necesidad de deuda, su encarecimiento y menos capacidad para atender servicios esenciales e infraestructura.

También están en riesgo indicadores básicos como el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación o el desempleo, fácilmente permeables por las presiones del Estado.

Ante esta situación, el Gobierno buscó un acuerdo de estabilidad económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones. Ese acuerdo incluía una propuesta de una agenda fiscal, para realizar un ajuste del 6% del PIB, que causó molestia en sectores políticos y sociales.

Por este motivo, el Poder Ejecutivo pausó su acercamiento con el FMI y abrió el proceso de diálogo para buscar un ajuste inicial del 2,5% del PIB, en el más corto plazo; junto con otras posibles reformas estructurales de largo y mediano plazo.

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