Reforma a empleo público será prioridad del Gobierno en sesiones extraordinarias: Mideplan

La reforma a la Ley de Empleo Público será prioridad del Gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias, según anunció el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Así lo declaró la ministra de Planificación, Laura Fernández, como parte del evento de cierre del Diálogo Nacional en el Auditorio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en Zapote durante este jueves 13 de abril.

Las sesiones extraordinarias que arrancarán a partir del 1 de mayo reflejan el periodo en que el Gobierno de la República mantiene el control sobre los proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Fernández entregó al Congreso las bitácoras y las listas de asistencia cercanas a las 180 personas en cada una de las diferentes sesiones de trabajo en las distintas instituciones del sector público.

La jerarca agregó que se presentará la “identificación que los diferentes equipos hicieron” y los temas que podrán ser sujetos a una reforma de Ley.

“Como gobierno de la República, el gobierno presentará el proyecto de Ley dentro de unos 15 días que inicia el período de sesiones extraordinarias para que sea de conocimiento y tramitación en la Asamblea Legislativa. Me siento muy satisfecha, sentarse a trabajar con los diferentes sectores no es fácil.

Para nosotros hubiera sido mucho más sencillo plantear una reforma desde mi escritorio. Sin embargo, estamos convencidos de que en un tema tan complejo, tan técnico, era propio pensar con las diferentes partes involucradas en un proceso como el que tuvimos”, indicó la jerarca de Mideplán.

Aclarar dudas

La ministra de Planificación sostuvo que el proceso sirvió para aclarar dudas a aquellas personas que operan los sistemas de recursos humanos con las diferentes instituciones públicas.

Dentro de las dudas existentes surgieron las del pago del salario escolar, el interinazgo de los funcionarios públicos y los procedimientos para generar despidos en la función pública.

Apuntó que el proceso sirvió, no solo para dialogar en los problemas que tiene la Ley, sino para entender mejor el marco normativo y establecer con claridad las opciones para implementar en cada una de las respectivas etapas.

Sostuvo que dentro de los obstáculos que debieron sortear a lo largo del camino se encuentran los hackeos experimentados durante 2022.

“Creo que esta es una ley que le genera un beneficio grandísimo a Costa Rica, que resuelve un problema público importante para todos los costarricenses y aunque la Ley tiene algunas debilidades que vamos a tratar de reformar con el apoyo de la Asamblea Legislativa, seguimos caminando a paso firme en su implementación”, indicó la jerarca del Mideplan.

“Porciones de interés”

La ministra de Planificación acotó que se debe entender que dentro de las negociaciones existen detractores que en su momento representaron “porciones de intereses” en donde hubo “diversos sindicatos” que fueron invitados, pero que estuvieron reacios a la posibilidad de escuchar y ceder.

Fernández manifestó que es respetuosa debido a que eses funge como el “espíritu” de estos sindicatos.

No obstante, añadió que su porción de interés es defender como autoridad pública y ministra rectora el empleo público.

“Mi rol no es defender a un sector u otro, mi rol es defender el fin público, el valor público que tiene esta ley para todos los costarricenses que es un propósito mucho más amplio, defender una porción de funcionarios, es un propósito que va encaminado a resolver un problema histórico en Costa Rica.

Es un propósito que busca generar homogeneidad, mejores condiciones, orden, evitar los abusos en las planillas del sector público, mejorar la distribución de los ingresos públicos porque ya sabemos que un porcentaje se usa para pagar remuneraciones”, indicó.

La jerarca aseveró que este proceso tiene como propósito el mantener la equidad y la justicia en los salarios del sector público evitando los abusos, por lo que algunos sindicatos tuvieron como propósito derogar la ley o trabajar para sacar instituciones del ámbito de competencias de la Ley o trabajar para eliminar la metodología del cálculo de los salarios para el sector público.

Aseguró que el marco normativo pretende arreglar aspectos de la norma que tenían problemas de redacción y que se podía tener sin poner en entredicho la implementación de la Ley y del cumplimiento de su propósito fundamental arreglar para revestirlo de seguridad jurídica.

Reglas de oro sin consensos

La ministra de Planificación manifestó a AmeliaRueda.com que hubo punto desde un inicio en las reglas de oro donde no hubo consensos.

Además de la derogatoria de la ley o del ejercicio para sacar instituciones del ámbito de cobertura, también surgió el asunto del salario escolar.

“Adicionalmente no tuvimos consenso con algunos Poderes de la República ni con las universidades en el abordaje de los exclusivos y excluyentes. Las instituciones con autonomía de gobierno manifestaron que ellos no tienen interés en que esos temas sean abordados porque les parece que así como quedó de forma tal que les permita excluir por completo de la rectoría del Mideplán, está bien”, precisó Fernández.

Acotó que la administración mantiene la tesitura de que el propósito de la Ley Marco de Empleo Público era la de generar “condiciones homogéneas” y que en el caso de los Poderes de la Repúblicas, municipalidades y otros como universidades públicas se colige que la indicación de puestos excluidos y excluyentes era para puestos muy específicos.

A criterio de la ministra se produjo una redacción amplia que les permitió indicar que “el puesto más sencillo de un misceláneo o un conductor, hasta el puesto más técnico de su planilla, está excluido por completo”.

“Nosotros no entendemos y no compartimos porque una secretaria, un asistente, un conductor, una persona encargada de una unidad de recursos humanos, tiene labores prácticamente idénticas. Independientemente de la institución que se trate.

Características completamente homogéneas. Similares. Usted maneja por las mismas calles, tiene el mismo nivel de riesgo en el ejercicio de sus tareas. Entonces ese es un tema que sí nos interesa trabajar donde no hubo consenso con las instituciones en autonomía porque ellos consideran que no es necesario”, finalizó.